Penalizar, para mejorar la seguridad ciudadana, es una trampa, una falacia, no es el incremento de las penas lo que reduce la ocurrencia de los hechos delictivos que afectan a las personas y sus bienes, sino la eficacia y transparencia de las instituciones en imponer las existentes. Guatemala establece la pena de muerte para delitos muy graves, pero presenta uno de los tres niveles de violencia criminal más altos de América Latina, porque se valora su sistema policial-judicial como ineficaz y descompuesto. Noruega tiene una simple legislación en materia de corrupción, pero se ubica como uno de los países del mundo con mayor transparencia en su gestión pública y privada. En Nicaragua, hace unos meses se aprobó un NUEVO CÓDIGO PENAL que establece nuevos tipos penales, se dice que es un código moderno, acorde a los nuevos tiempos, sin embargo, después de un tortuoso camino para engendrarlo (2000-2008), aún no se publica, no termina de “ver la luz”. Este instrumento jurídico, “nace torcido”, veremos si se “endereza en su incierto camino”, si adquiere eficacia y no pasa, como se afirma: “la justicia solo muerde los pies descalzos”.
En Guatemala, durante el primer trimestre del 2008, dados los altos niveles de inseguridad, un conjunto de ocho leyes vinculadas a la seguridad ciudadana estaba en la tubería parlamentaria en un proceso acelerado que un abogado catalogó como “Cuaresma legislativa”. Entre ellas: ley marco de seguridad, de armas, reguladora de empresas privadas de vigilancia, etcétera, la mayoría no ha prosperado. Es cierto que ninguna de ellas por si sola cambiará el panorama de la violencia en el país si no se modifica la eficacia, transparencia y profesionalismo de sus instituciones, además de la participación social en la prevención. No hacerlo, puede llevar a una más visible o solapada impunidad.
Tampoco el incremento del número de policías y la creación de más cárceles se constituyen en factor de mejoramiento de la seguridad. Es probable, como efectivamente sucede en muchos países, que, a pesar de incrementar la cantidad de policías con respecto a su población, tengan niveles de inseguridad alto. La seguridad ciudadana no puede ser “judicializada”, “policiada” ni mucho menos “militarizada”, en estos casos se cae en extremos que, en vez de mejorarla, la deterioran, imponiéndose un modelo de Estado autoritario que puede caer en la tentación de abusar de la fuerza, regular en exceso y reducir las libertades. Países como Alemania, Finlandia, Canadá y Dinamarca, tienen una menor cantidad de policías por habitantes y gozan, en términos relativos, de un alto nivel de seguridad ciudadana. Mientras otros como El Salvador, Venezuela, Israel y Panamá tienen una alta proporción de policías con respecto a su población y su situación de seguridad es distinta. Otros factores socioeconómicos y culturales influyen en ello.
Aparentemente el incremento de penas, la tipificación de nuevos delitos, mayor número de policías y más prisiones, generan efectos positivos, pero solamente es “relativamente pertinente” si las instituciones encargadas en vigilar, investigar, detener, aplicar las penas, acusar y juzgar, son profesionales y se les permite aplicar la norma con equidad en los marcos de lo que la ley define. No se puede ni debe renunciar a la sanción con racionalidad y objetividad, es dañino absolutizarla. Cuando el riesgo de manipular es alto, de sesga su aplicación en dependencia de la persona (posición política, económica, social o religiosa), se distorsiona la naturaleza de la medida, genera inseguridad e incrementa la violencia.
De nada sirve una norma, una prohibición u obligación, si quien la tiene que supervisar, controlar o exigir no lo hace porque no quiere, no puede, no sabe o no lo dejan. Entonces se desvaloriza la norma, se desacredita la institución y se genera una cultura de displicencia cuyas consecuencias son el estancamiento, el desorden y la inseguridad. El éxito por lo tanto no radica en el exceso de prohibiciones o reglas, sino que, aquellas establecidas se cumplan, se informe y eduque a los ciudadanos para cumplirlas y, cuando sea necesario, la entidad encargada exija con rectitud su cumplimiento en el marco del “estado social de derecho”. No comparto la doctrina de “tolerancia cero” que incrimina a los pobres y excluidos, llena las cárceles de prisioneros y “reduce” la tasa de delitos. El costo social de dichas acciones es excesivo: más presos, más policías, más coerción. La cárcel, “no deja ningún sentido intacto”, provoca profundos resentimientos, agrava el problema social ¿Quiénes guardan prisión y son realmente vulnerables ante el sistema penal y judicial? Las celdas policiales y penitenciarias están llenas de desempleados o empleados informales, procedentes de los sectores populares, sin acceso real a la defensa y en condiciones de hacinamiento e insalubridad. En Nicaragua, a partir de datos del Sistema Penitenciario Nacional entre 1995 y 2005, la población penal se incrementó en 28 detenidos x 100 mil habitantes, llegó a 107 x 100 mil habitantes. Según estadística de la Policía Nacional, entre 2004-2006, se capturaron en promedio 48 mil personas, implica una tasa de detención policial de 930 detenidos x 100 mil habitantes, una de las más altas de la región.
La violencia criminal y la inseguridad ciudadana requieren un abordaje integral, de largo plazo, interinstitucional y multisectorial, dado que son fenómenos multicausales.
