HACE CUATRO AÑOS
El 4 de mayo de 2004 (coincidentemente el día de la Dignidad Nacional), hace cuatro años un hecho ocurrido en Bluefields, Región Autónoma del Atlántico Sur, conmovió a los miembros de la Policía y a la sociedad nicaragüense, cuatro miembros del órgano policial que se encontraban en servicio, fueron cruelmente degollados presumiblemente por un grupo de seis sicarios que penetraron en las instalaciones del puesto de mando de la delegación policial uniformados de policía y encapuchados. Los miembros de la Policía Nacional que ofrendaron sus vidas fueron el Capitán José Funes y los policías Ruth González, Róger Villachica y Johnny Dometz. Un recuerdo desde la distancia por su memoria y nuestra solidaridad ante el profundo dolor de sus familiares ante la honda huella dejada y que sólo el tiempo puede sanar.
Las investigaciones policiales identificaron a cuatro presuntos autores, entre ellos al ex oficial antidrogas Delvin Jirón (de turno el día de los sucesos), quien fue condenado a 30 años de prisión por “cooperador necesario”, después de permanecer un año prófugo y entregarse a la justicia. También se señaló como partícipes a los hermanos Marcos, José Ángel y Miguel Ángel Reñazco Padilla quienes fueron declarados inocentes por el tribunal. Recientemente, en marzo de 2008 fue capturado el colombiano Luis Alfonso Pineda David, señalado como coautor del múltiple asesinato quien ingresó ilegalmente al país, fue detenido y acusado por el Ministerio Público. Las investigaciones siguen abiertas. El esclarecimiento pleno de los hechos y la sanción efectiva a los culpables, aunque no recompone lo ocurrido, es importante para dejar sentada la autoridad Estatal frente a estos lamentables hechos vinculados al crimen organizado.
Aquel hecho temerario y agresivo que enlutó al país y repercutió nacional e internacionalmente, marcó, desde mi punto de vista, un punto de inflexión en las condiciones de la seguridad ciudadana en Nicaragua. Se pasó de un relativo buen nivel de seguridad en comparación con los países del norte de Centroamérica que se mostraba consistente desde 2001, a una nueva tendencia de crecimiento por la cantidad de delitos conocidos y su peligrosidad. Entre los años de 2001 y 2004 (hasta antes de los sucesos referidos), el país tuvo un nivel de violencia criminal relativamente estable, el crecimiento de los delitos más graves fue en promedio no mayor del 3% anual. En los tres años posteriores, años 2005, 2006 y 2007, el incremento anual de dichos delitos: asesinato, homicidio, violaciones, robos con intimidación, secuestro y plagio, pasó a ser del 13% anual. Los delitos de mayor gravedad con respecto al total de denuncias que representaban la proporción del 6% con respecto al total, a partir de 2005 han pasado a representar más del 8%. En valores absolutos, el año pasado, fueron 9,300 casos delictivos muy graves, contra los 6,200 hechos conocidos en el 2001, un incremento del 50%.
El problema no es sólo el aumento de la cantidad de hechos, sino su gravedad, valorada a través del grado de organización, planificación, precisión, cantidad de participantes (entre los que también se incluyen a nacionales y extranjeros vinculados al crimen organizado transnacional) y la violencia utilizada. Todo ello provoca en la población un gran impacto y tiene efectos geométricos en la percepción de inseguridad.
No sólo se trató de la muerte de unos policías (hay otros muchos casos lamentables conocidos), sino que su ejecución fue en la propia unidad policial de la cabecera departamental, donde se encuentra la sede de la jefatura policial de la Región. No fue una acción espontánea, sino planificada; fue provocada la muerte de los policías con inusual saña… Todos esos elementos, juntos, conocidos por los ciudadanos desde los medios de comunicación social y por los propios vecinos de Bluefields, repercuten en una sensación de desamparo e impotencia y surge la inquietud que se acrecienta: si se lo hicieron a ellos que son la autoridad policial ¿Qué no nos pueden hacer a nosotros?
Indudablemente, en la historia de la evolución de la violencia criminal en Nicaragua, ese repudiable suceso ocurrido hace cuatro años, puede ser identificado como el momento referencial cuando se hace visible la modificación de las tendencias de la estadística criminal, pasándose a agudizar el sentimiento de inseguridad y el riesgo a ser víctima de un delito, principalmente grave. Es posible, dada la capacidad institucional de la policía y la organización social, que esa tendencia persistente observada hasta la fecha pueda ser revertida, el país, el Estado y la sociedad nicaragüense estamos obligados a poner nuestros mejores esfuerzos en modificar ese peligroso rumbo, sin embargo, no podemos olvidar, que la violencia criminal es multicausal y es necesario incidir, con visión integral y de largo plazo en sus aspectos socioeconómicos, culturales e institucionales, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, la organización de las ciudades y pueblos, el mejoramiento de la red de carreteras que conecte efectivamente la Región del Pacífico con el Atlántico y facilite las condiciones de vida de los pobladores, en reducir nuestras vulnerabilidades ante las crecientes amenazas externas que pueden encontrar en nuestras frágiles condiciones nacionales, los problemas de abandono de amplias zonas del territorio nacional y las dificultades operativas institucionales, una rendija por donde colarse y hacer daño.
