La última encuesta de M y R Consultores publicada el 19 de mayo del corriente, presenta algunas percepciones sobre la seguridad ciudadana y la Policía en Nicaragua.  Como toda encuesta, sus resultados deben ser tomados en cuenta de manera relativa para el análisis; no constituyen conclusiones determinantes en este y otros enfoques. Hay distintas dificultades: desde la propia calidad de las encuestas, los criterios de selección de la muestra, el momento de su realización, hasta la diversa interpretación que los encuestados tienen sobre las preguntas y categorías. Se carece en el país de un monitoreo sistemático, periódico, metodológicamente homogéneo y profesional sobre las percepciones de la seguridad en Nicaragua.  La creación de un “observatorio” sobre la violencia y la respuesta institucional es necesario.

 

Según dicha encuesta, entre los problemas que los nicaragüenses señalan como principales en el país, el de la delincuencia, se ubica en un lejano cuarto lugar (2.9%), después del desempleo (48%), pobreza (23%) y alza de los precios y servicios públicos (17%). En cuanto al grado de confianza en las instituciones, la Policía Nacional se sitúa en el 22.2%, que, aunque es un porcentaje bajo, en relación a las otras entidades estatales, es el segundo más alto, debajo del obtenido por el Ejército (25%). Lamentablemente la percepción de confianza sobre los cuatro poderes del Estado de Nicaragua, es muy baja, entre el 3.6% y el 1.0%. Comparando con uno de nuestros vecinos del Norte, una encuesta de Guatemala en octubre 2007, mostró que el 65% consideraba la inseguridad y la delincuencia como su principal problema (desempleo y pobreza resultaron con 15 y 12% respectivamente). En cuanto al grado de confianza de la Policía Nacional Civil, la percepción le atribuyó el 21%.

 

Hay una pregunta que formula la firma encuestadora en Nicaragua y que, según mi opinión, su manera de hacerla y presentarla es equivocada, fácilmente sesgada: “Usted o algún familiar cercano ¿ha sido víctima de la delincuencia durante los últimos 18 meses?”  Dos riesgos:

 

1. a) Al incluir a familiares cercanos, y no solamente a la persona de manera directa, cae en el error que varias personas puedan referirse al mismo hecho,

 

29. b) El tiempo de 18 meses es extenso, se recomienda no sea mayor de un año. El resultado a la pregunta fue que el 7% de las personas respondieron afirmativamente. Ese dato (índice de victimización), significa que 29 de cada 100 personas perciben que ellos o sus familiares cercanos han sido víctimas de la delincuencia, aunque no hayan denunciado el delito que los afectó. Desde mi punto de vista, el resultado es extremo, no comparable con diversos estudios que nos llevan a deducir que el índice de victimización en Nicaragua, en los últimos cinco años, ha pasado del 14 al 19%, que es por sí solo alto. En Guatemala, en la encuesta referida anteriormente, mostraba 40% con la pregunta “¿ha sufrido usted un hecho delictivo en los últimos seis meses?”

 

Es relevante otro punto que la encuesta en Nicaragua arroja, el relacionado a la “cifra oscura”, obtenido de la pregunta: “El delito del que fue víctima usted o algún familiar ¿fue denunciado a la policía? Desde mi interpretación, la pregunta tiene dos inconsistencias:

 

1. a) Se refiere únicamente a la denuncia ante la Policía y no ante otras entidades gubernamentales como el Ministerio Público,

 

1. b) Reproduce el error de incluir a familiares y no sólo a la persona afectada.

 

El resultado fue que el 33.5% no denunció el hecho, el dato es demasiado bajo con respecto a otras observaciones y al comportamiento típico en América latina y países desarrollados en donde oscila entre 42 y 52%.  Es de esperarse que, en Nicaragua, el dato se ubique en el rango inferior.  El 63% de las personas que respondieron que no denunciaron el hecho ante la policía afirman que fue porque “no resuelven nada” y “por miedo”.

 

Entre octubre de 2002 y mayo 2008, la empresa encuestadora indica que la proporción de personas que respondieron tener “mucha confianza” en la Policía Nacional se redujo, pasando de 30% al 10%, sin embargo, paralelamente, las personas que afirmaron tener “confianza parcial” subió, pasando del 50% al 70%.  El balance global de esa opinión es de tendencia positiva; la gente en general “ya no da cheques en blanco”, su confianza no es total, sino parcial o relativa.  La desconfianza en la institución policial fue del 18%, la mayoría afirma porque: “son ineficientes” y “no les interesa la población”. La percepción de que “la Policía no tiene recursos” se ha reducido entre mayo 2004 y mayo 2008, pasó de representar el 15% al 6% actual. El 88% de la población percibe a la Policía como “muy profesional” o “regularmente profesional”, lo cual es una muy buena calificación.

 

Los servicios policiales mejor calificados han sido “la lucha contra el narcotráfico” (55%), el “ordenamiento del tránsito vehicular” (47%) y la “atención a la violencia en la familia” (43%). Los menos valorados fueron “la prevención y resolución al problema de las pandillas” (38%) y la “atención a denuncia de los pobladores” (37%).

 

La percepción de los ciudadanos sobre los hechos delictivos y las instituciones encargadas de la seguridad pública, son aspectos principales e inseparables a considerar en la valoración de la seguridad ciudadana.