PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL
Un objetivo principal de la reforma policial emprendida en América Latina y particularmente en Nicaragua durante la década del noventa, fue profesionalizar a los funcionarios de la entidad policial. Es un fin en permanente evolución con varias connotaciones:
- La definición y aplicación de una carrera de servicio desde el ingreso a la institución hasta su egreso veinte o treinta años después, estableciendo criterios profesionales de evaluación, promoción y ascenso propios del servicio y el desempeño.
- Desarrollar programas de formación, capacitación y especialización constantes para habilitar capacidades y competencias a los funcionarios policiales en los distintos niveles y cargos a lo largo de su tiempo de servicio, para actualizarse a las demandas de la seguridad ciudadana.
- Institucionalizar los procesos de trabajo de tal forma que obedezcan a las necesidades de los ciudadanos en el ámbito de su competencia y, en la medida de lo posible, exentos de intereses particulares ilícitos o incompatibles (económicos, políticos u otros) internos y externos.
- Desempeñarse con competencia en el doble sentido:
- por conocer y saber hacer,
- Por estar facultado por ley y responsabilidad a hacer.
Todo lo anterior es, sin lugar a dudas, una aspiración loable, pero no siempre posible, en las distintas realidades nacionales. Las personas que dirigen las instituciones policiales y la autoridad política-gubernamental, a veces, dentro o fuera de los límites de sus facultades, pueden mover la promoción interna y el ascenso de sus funcionarios, el despliegue territorial, la utilización de los recursos materiales y humanos, el carácter de la actuación operativa y su desempeño profesional, motivados por enfoques ajenos, intereses particulares, legítimos o ilegítimos, para obtener beneficio político, económico, familiar o personal. Estos son riegos reales que en unos países son mas preocupantes que en otros. En Nicaragua, a pesar de las dificultades enfrentadas, la profesionalización del órgano policial ha sido en general exitosa, pero que, como todos sabemos, no es un “estado alcanzado e inalterable” sino un proceso constante de actualización y adecuación al entorno de la seguridad y al contexto socio-político en el cual se desenvuelve.
Profesionalización, no es la “obtención de un título profesional”, es el comportamiento “competente” de los funcionarios policiales en particular y del órgano policial en su conjunto, con equidad, sin discriminación y atendiendo las obligaciones por las cuales existe, contribuyendo así al bien común.
El concepto “profesional” no está exento de “manipulaciones” precisamente por los intereses que se manifiestan en la sociedad y el Estado, en su correlación de fuerzas, en factores culturales y de desarrollo institucional. Es posible que se apele a él, desde la óptica del gobernante o mando policial, pero que, en la realidad, se ha sesgado el marco jurídico para hacer posible la decisión, justificar la actuación, evadir la responsabilidad o imponer un nombramiento, ascenso o procedimiento. Es difícil que, ante algunos delitos, conflictos sociales o alteraciones al orden público que requieren a la fuerza policial para “inclinar la balanza” o restablecer “el orden de cosas”, las partes en conflicto queden satisfechas por la actuación o el desencadenamiento de los hechos; algunos trataran de desacreditar o desconocer los resultados. A la Policía, a quien no le compete “deliberar” actuará movida por la “orden” procedente de la entidad competente, y en ella, o en la respuesta de la propia entidad, no siempre es posible ocultar el “intrínsico interés particular”.
En ocasiones se puede hacer un nombramiento, destitución o retiro y se apela a la “profesionalización” o al “Estado de derecho” y en otras, bajo las mismas circunstancias legales, se puede señalar todo lo contrario. ¿Qué hace que una cosa sea buena y otra igual mala? Como dice el conocido refrán: “lo que es bueno para el ganso, es bueno para la gansa”, lo diferencia está en el carácter “relativo del concepto de profesionalización”. Un escritor guatemalteco de la segunda mitad del siglo XIX, José Milla, en uno de sus pintorescos relatos cargados de humor escribió: “hay palabras que tienen la propiedad del hule; esto es, la de ser excesivamente elásticas”, se “estiran y encogen según la voluntad de quienes la emplean”, ésta, podría ser una de ellas, si caemos en la amplia discrecionalidad para administrarla.
Son factores que pueden atentar o limitar la profesionalización de los órganos policiales los siguientes:
- Las propias fuerzas internas, funcionarios preocupados en obtener beneficio propio para mandos o grupos de poder, nombrando, ingresando o promoviendo a personas de su preferencia por encima de los criterios de desempeño y eficacia.
- El poder político y gubernamental que pretenda someter la entidad a su servicio y no al del Estado y la sociedad para la consecución del bienestar común.
- La delincuencia común y organizada que busca vulnerar los sistemas policiales, comprar, sobornar y comprometer a funcionarios para facilitar sus operaciones criminales y lograr impunidad.
- El sector privado y sus organizaciones persiguen la obtención de privilegios, excepciones, “facilidades inadecuadas” o protección “especial”, para lo cual pueden “financiar” actividades, suministrar ayuda, pagar servicios, conceder regalías, etc.
No podemos dejar de considerar factores culturales y sociales que pueden prevalecer y ser “tolerados” como el conformismo, el amiguismo, el fanatismo, etc. En la realidad humana e institucional convergen distintas fuerzas y, en el marco de esa interrelación, debe ser fortalecida la “profesionalización policial”, asunto necesario y fundamental en el impulso de la seguridad de las personas.
