DERECHOS HUMANOS Y POLICÍA
La violación a los derechos humanos fue en los órganos de policía latinoamericanos existentes en décadas pasadas, una práctica generalizada o de aplicación selectiva, institucionalizada, es decir, justificada e impune en el actuar policial por parte de las fuerzas políticas autoritarias y/o militarizadas en el poder. Fue, por lo tanto, uno de los fines inmediatos a considerar en la reforma policial emprendida. Hoy, podemos afirmar en general, que los cuerpos policiales de América Latina, no tienen, como parte intrínseca de su actuación, la violentación premeditada de los Derechos Humanos, es decir de las garantías fundamentales de las personas.
En Nicaragua, con la fundación de la Policía (septiembre 1979), se incorporó una cultura de participación ciudadana y respeto a los derechos de las personas, sin embargo, el conflicto interno y de intervención vivido en la década del ochenta, generó actuaciones policiales de respaldo y protección al poder revolucionario, percibida por sectores disidentes como violatorias a los Derechos Humanos. A partir de 1990, la reforma policial emprendida, retomó la vigencia de los derechos humanos en la actuación policial e implementó los ajustes necesarios en la organización, educación y equipamiento de la Policía. Los primeros procesos de capacitación se enfocaron, hacia la actualización de jefes y oficiales, mediante seminarios cortos, sobre la declaración universal de los derechos humanos, el uso de la fuerza policial y otros postulados internacionales y normativas nacionales vinculadas. Los cursos no fueron tan eficaces como la incorporación de dichos principios y criterios para la promoción de los derechos fundamentales y garantías individuales en la práctica operativa de las acciones cotidianas como detención, allanamiento, registro, atención a la víctima y patrullaje, es decir en las diversas actuaciones policiales. Esto es un proceso que no puede ser concluido, requiere constante actualización y ajuste para evitar excesos en la búsqueda de la eficacia policial ante el incremento de la violencia criminal, la percepción de inseguridad y la demanda social creciente de los servicios policiales, sin descuidar a la persona humana. Medidas iniciales fueron el retiro del AK 47 de las labores de patrullaje en las ciudades y, ante la carencia de armas cortas, la mayoría de los policías ejercían la regulación de tránsito y patrullas urbanas, sin armas de fuego. La infraestructura policial existente obedecía a un modelo policial distinto, por ejemplo, en las unidades policiales y particularmente en la Academia, los dormitorios y baños estaban diseñados principalmente para el uso de hombres y no de mujeres; las celdas policiales eran en general oscuras, con paredes sólidas, sin barrotes, poco ventiladas. Estas fueron rediseñadas como celdas preventivas, en donde predominaban los barrotes, la ventilación y la iluminación. Es decir, esa infraestructura que dificultaba el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, fue, en lo fundamental, modificada. El problema, con el transcurso del tiempo, se manifiesta actualmente en la falta de espacio suficiente o el exceso del uso de la detención preventiva policial, lo que redunda en hacinamiento, insalubridad y, dado lo bajo del presupuesto en este rubro, en insuficientes “raciones alimenticias” para quienes permanecen dentro de ellas. Hay por lo tanto, todavía condiciones objetivas técnicas, presupuestarias, de infraestructura y equipamiento, que sumadas a las deficiencias personales, pueden generar afectaciones a los derechos humanos de las personas, ya sea como detenidos, víctimas, denunciantes o ciudadanos comunes que demandan una respuesta policial.
Las condiciones de la actuación policial hoy son de naturaleza distinta, hay acciones aisladas de abuso, muchos obedecen a la falta de control institucional, selección y capacitación insuficiente del personal y problemas organizativos y de planificación de las acciones operativas. Hay asuntos pendientes que es necesario profundizar. Entre ellos: atención diferenciada a las víctimas, protección a testigos, no discriminación por razones de género, étnica, posición política, social y económica. Dados los niveles de riesgos, ciertos grupos generacionales y de género requieren atención diferenciada, entre ellos: mujeres, niños, niñas y personas de la tercera edad.
En algunos países centroamericanos se ha señalado a miembros de la policía en participar en “actividades de limpieza social”, desaparición de líderes locales y promotores sociales, ese, afortunadamente, no ha sido el problema en Nicaragua. La actuación sobre la inmigración indocumentada suele también violentar los derechos humanos de los extranjeros que se mueven por la región en busca de mejores opciones o en tránsito hacia el Norte; la actuación policial sesgada por estereotipos sobre jóvenes que usan pelo largo o rapado, aretes o tatuajes, al estigmatizarlos como “pandilleros” o “mareros”; los operativos generalizados o “redadas”, no solamente son poco eficaces, sino también muestran en la actuación policial, el rezago y la impotencia ante los fenómenos de violencia criminal, conllevan “acciones espectaculares” que suelen llamar la atención de los medios de comunicación por su aparente impacto de corto plazo, pero implican altos riesgos en la violación de derechos y garantías de las personas sin producir resultados sostenibles que mejoren la seguridad de las personas.
En Nicaragua, a pesar del reciente caso en “El Encanto” (La Cruz del Río Grande, RAAS, mayo 2008), y otros, cuyas denuncias se registran en las comisiones de derechos humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos y en las mismas oficinas de Asuntos Internos de la Policía, aunque la cantidad de hechos conocidos, según las mismas entidades, señala a esta institución con la mayor proporción de casos que el resto de entidades estatales, son hechos no generalizados, no dispuestos institucionalmente, obedecen a desajustes internos que requieren correcciones operativas, administrativas y estratégicas, mejor selección y entrenamiento del personal y condiciones de trabajo apropiado. Los mayores riesgos de violación a los derechos humanos por parte de los cuerpos policiales en general están en las acciones que implican el uso de la fuerza de manera activa para ejecutar una detención, un allanamiento o registro y actuar sobre alteraciones al orden público.
