Un propósito fundamental de las fuerzas policiales es “prevenir y enfrentar con eficacia a la delincuencia común y organizada”, lo que puede desagregarse en las siguientes funciones:

 

1. a) Contribuir a la prevención de los hechos criminales, principalmente los más graves.

 

1. b) Proteger a las personas ante las amenazas que afecten sus “derechos fundamentales” por factores delictivos.

 

1. c) Auxiliar a las víctimas ante la violencia criminal.

 

1. d) Identificar a los perpetradores de presuntos delitos y ponerlos a la orden de la autoridad competente de conformidad con la ley.

 

1. e) Buscar y obtener las evidencias materiales y testificales, objetivas y subjetivas, que faciliten al fiscal acusar y al juez juzgar los hechos que conozca.

 

El concepto de eficacia es, según el diccionario de la Real Academia Española (2001), la “capacidad de lograr el efecto que se desea o espera”, en el mundo policial se concretiza en reducir las tasas delictivas, lograr el esclarecimiento de los delitos conocidos, la identificación y detención de los sospechosos, la ocupación de medios de prueba y bienes ilegales (armas, drogas, objetos ilícitos, otros) vinculados a delitos. Medir la “prevención” siempre ha sido tarea difícil, la reducción de las tasas delictivas entre un periodo y otro, dada su multicausalidad, pueden obedecer no sólo a la acción policial sino a factores temporales o no, de carácter social, económico, medioambiental, de la estructura física de las ciudades, etcétera. “Esclarecer” es identificar las circunstancias, presuntos autores, víctimas y evidencias de un hecho criminal para enviarlos ante autoridad competente. La calificación de que, si un “hecho ha sido o no esclarecido” puede ser desde la óptica policial, fiscal y judicial, siendo la última quien determina finalmente la existencia de un delito, la culpabilidad y la pena, por lo que desde la interpretación policial “no pasa de ser una presunción” basada en la apreciación parcial y limitada, aún no debatida ni confrontada con las partes del proceso y sus garantías.

 

Efectividad policial (casos aceptados por la fiscalía)

Delitos	2007	2006	variación
En general	29.0%	40.0%	-11.0%
Contra las personas	39.0%	51.0%	– 12.0%
Contra la propiedad	21.0%	29.0%	– 8.0%
Homicidios (todos los tipos)	51.5%	55.0%	– 3.5%
Robos (todos los tipos)	16.8%	23.0%	– 6.2%

Fuente: Estadística Policía de Nicaragua.

 

En Nicaragua, la “operatividad” o “efectividad policial” entre 2006 y 2007 bajó en –11% en los delitos en general. La Policía conoció de 10.6% mas casos en 2007 que en 2006.  Tradicionalmente el “esclarecimiento” de delitos contra la propiedad ha sido menor que el de delitos contra la vida. Comparado con otros países como Guatemala, El Salvador y Honduras, la tasa de esclarecimiento de los delitos de homicidio es buena, mayor del cincuenta por ciento, pero lamentablemente se muestra descendente en 3.5% en 2007 con respecto al año anterior. El esclarecimiento de los delitos en general en España y El Salvador oscila entre el 24 – 26%.

 

Durante la última década, en toda América Latina (excepto raras excepciones) ha habido un incremento sostenido de los hechos delictivos y de la percepción de inseguridad, ha bajado la tasa de “esclarecimiento o eficacia policial”, se ha deteriorado la confianza en las instituciones encargadas y la demanda de “respuesta” ha “subido de tono” convirtiéndose en uno de los nuevos objetivos que promueven las reformas policiales y de la seguridad pública. Las instituciones policiales están enfrentando la ocurrencia de más hechos, con diversa y variada complejidad que ponen a prueba su capacidad real. No han recibido el fortalecimiento integral necesario por parte del Estado y ha faltado promover el abordaje integral y social para adecuarse a esa complejidad de la violencia criminal.

 

La presión política y social, por un lado, el incremento del delito por otro, en un contexto democrático de seguridad, plantea un riesgo y un dilema. Es indispensable mejorar la eficacia policial, pero también es ineludible ajustarse al Estado de Derecho y al respeto de las garantías ciudadanas. Podría ser “fácil” poner “orden aparente”, imponer “control sobre la delincuencia” en un “estado de excepción” o de “prevención” (como lo llaman en Guatemala), o con “redadas indiscriminadas” cuando se reduzcan garantías individuales y se incrementan facultades de las entidades de la seguridad pública, pero puede ser más difícil “restablecer o preservar la seguridad de las personas” en un contexto de libertad, garantías y plena vigencia de los derechos. La “represión” agudiza el problema social. Alto porcentaje de personas, según diversas encuestas de opinión social en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, incluso Nicaragua, estaría dispuesta a “aceptar un gobierno autoritario con tal que reduzca la inseguridad” y “tolera o justifica medidas de hecho para lograr tal fin”. Atender esa percepción es peligroso, el fin no justifica los medios. Lograr el loable objetivo de la seguridad de las personas requiere “eficacia inteligente”, capacidad operativa, mejores niveles de organización, planificación y análisis de las acciones, rediseño del despliegue territorial, medios técnicos y organización enfocada a la función y el propósito, menos improvisación, mejor entrenamiento de los agentes policiales, mayor participación y control social en lo que concierna. La prueba de la “adversidad” desde el fenómeno que tiene que abordarse, es la verdadera medida de la profesionalización y capacidad institucional.  Puede ser fácil ser “bueno” en un contexto de baja violencia criminal, pero es muy difícil sostener esa calidad cuando, por factores ajenos a la propia policía, se muestra creciente y agravada.

 

Las leyes, normas y reglamentos imponen limitaciones a la actuación policial, no se puede actuar con doblez evadiéndolas o saltándolas, por el “bien de todos” es necesario trabajar con ellas y buscarla a partir de lo prescrito, ese es el reto. En Nicaragua, a pesar de todo, la eficacia policial “continúa siendo buena”, pero muestra indicadores de deterioro que demandan ajustes, la cantidad de hechos rebasa las capacidades. Eso es lo que pondrá a prueba que una entidad policial sea profesional o no y lo que contribuye a dar a los ciudadanos confianza y seguridad.