LA VIOLENCIA Y SUS COSTOS
La violencia criminal tiene costos económicos que es posible estimar, aunque de manera inexacta. Los criterios y metodologías de cálculo son criticables en muchos aspectos, pero pueden ser un instrumento útil para complementarlo con otros insumos en el análisis del fenómeno. Aunque hay varios intangibles no considerados, pretenden identificar el daño humano y material causado, el presupuesto que el Estado destina para la salud, rehabilitación, la seguridad, las prisiones y la justicia penal (no discrimina la inversión preventiva y de gobernabilidad necesaria), el gasto en el cual tienen que incurrir los particulares y empresas en protección física, vigilancia privada, alarmas y otras medidas de seguridad, los días de trabajo perdido provocados por la inhabilitación de las personas al trabajo productivo por haber sido lesionados y las irreparables e invaluables perdidas de vidas humanas que afectan también la actividad económico social. Todo esto es una preocupación creciente que obliga a pensar que la NO PREVENCIÓN de la violencia criminal genera costos económicos significativos en el sistema productivo, estatal y social. El asunto, es inseparable de la rentabilidad económica, el beneficio colectivo y el bienestar común. Ante el problema de la violencia criminal, algunos negocios prosperan, los costos y gastos, en buena parte, se transfieren a otros sectores beneficiados, a una nueva industria legal creciente que usufructúa los beneficios de la inseguridad. Eso sin perder de vista que en el mundo criminal coexisten mercados subterráneos e ilícitos que alimentan el “negocio”, particularmente el delito transnacional y nacional organizado en su multitud de manifestaciones.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) identifica como un índice “normal” de criminalidad aquel que no es mayor de 5 homicidios por 100 mil habitantes por año. Un índice mayor de 10 se ha catalogado como un problema “epidémico” que requiere un abordaje especial. Lamentablemente en Centroamérica, únicamente dos países están por debajo de ese peligroso umbral: Costa Rica y Panamá. El resto, incluido Nicaragua (ligeramente alto), y en el extremo superior, con las más críticas consecuencias de la violencia: El Salvador, Guatemala y Honduras.
El último estudio efectuado por el “Consejo Nacional de Seguridad Pública” de El Salvador (junio 2008), revela que los mayores costos en cifras absolutas para el 2006 se registran en Guatemala (2.29 miles de millones de dólares) y El Salvador (2.01 miles de millones de dólares), los más bajos en Nicaragua (0.529 miles de millones de dólares). Lo anterior no nos dice suficiente ya que Guatemala representa más del 30% de la economía de Centroamérica, El Salvador el 19% y Nicaragua el 9% (la economía más pequeña después de Belice), por lo que todos sabemos que existen niveles de costos, gastos y precios distintos, desde el salario mínimo hasta el precio de los servicios de vigilancia privada. Su estimación relativa con respecto al PIB nos proporciona otra perspectiva, los mayores porcentajes son en El Salvador (10.8%) y Nicaragua (10.0%), los menores en Costa Rica (3.6%), el total en Centroamérica (sin incluir Panamá y Belice) representa el 7.7% del PIB, porcentaje igual al de Guatemala. Una publicación del PNUD-Guatemala (2006), indica que el costo económico de la violencia en ese país en 2005 representaba el 7.3% de PIB (2.38 miles de millones de dólares), lo cual (según esa otra referencia con datos diferentes) indica un incremento del 5.5% en el año 2006 (+0.4 puntos porcentuales), aunque el valor absoluto es menor en el nuevo informe proporcionado desde El Salvador. Sus principales rubros fueron los del sector salud y la seguridad privada. Otros estudios realizados en 2001 en países industrializados identifican ese costo como del 5% del PIB y en los países de bajos ingresos del 14%.
Los costos institucionales de seguridad y justicia en términos porcentuales al PIB mas altos fueron en Honduras (2.6%) y Nicaragua (1.6%), los mas bajos en Guatemala (1.0%) y Costa Rica (1.0%). Este tipo de costo tiene el peso porcentual mas bajo en el promedio regional, el tercero de los tres componentes que lo integran después de “perdidas de salud” y “gasto privado de seguridad”.
En nuestro país, los resultados alertan que casi 10 de cada 100 córdobas producidos en Nicaragua en 2006, están siendo absorbidos por la violencia criminal, la inseguridad y sus consecuencias inmediatas. El mayor porcentaje de los costos lo tienen las perdidas en salud (4.5%), por encima del promedio centroamericano (3.9%), sólo por debajo del porcentaje registrado en Guatemala (4.3%). En segundo lugar, es el “gasto privado en seguridad” en hogares y empresas del 2.3% del PIB, el mayor en términos relativos en Centroamérica, cuyo promedio representaba el 1.5%.
Todo parece indicar que es impostergable incrementar los esfuerzos preventivos desde la sociedad y el Estado, con visión integral y de largo plazo, basados en el consenso y la participación social, como una política pública interinstitucional y multisectorial. De no hacerlo, nuestros escasos recursos continuaran filtrándose en la porosa tubería conflictiva de la violencia delictiva y la inseguridad, que a pesar que en Nicaragua no tiene los niveles extremos del Norte de Centroamérica, según el estudio antes mencionado, representa un costo porcentual con respecto al PIB, mayor al promedio centroamericano y el segundo más alto, muy cercano a El Salvador, país con la mayor tasa delictiva de Centroamérica.
