PREVENCIÓN: PRIORIDAD DE LA SEGURIDAD

Un conocido refrán afirma una verdad: “es mejor prevenir que lamentar”. En materia de violencia criminal e inseguridad ciudadana, la polémica entre la idea represiva del sistema y la de prevenir ha estado presente desde 1764, cuando César Beccaria (jurista, filósofo y economista italiano, Marqués de Beccaria, Milán 1738 – 1794) planteaba la idea que es “mejor evitar los delitos que castigarlos”, en el tratado titulado “De los delitos y las penas”, también insistía que “las penas deben ser tan leves y humanas como sea posible”. En 1975 (Ginebra) el V Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el tratamiento del delincuente, reconoció la “ineficacia e insuficiencia del sistema penal represivo”. La ONU ha promovido desde 1955, once congresos para abordar la problemática de la “prevención del delito”, el último, fue en Tailandia (abril 2005), en donde, entre otras cosas, se abordaron las medidas eficaces contra la delincuencia organizada transnacional, la corrupción: amenazas y tendencias del siglo XXI, y los delitos económicos y financieros. En el 10mo (Viena, 2000) se insistió en la necesidad de “incorporar un componente de prevención del delito en las estrategias nacionales e internacionales de desarrollo”, se ha insistido en las metas de “reducción de la delincuencia, la aplicación de la ley y la administración de la justicia con más eficiencia y eficacia, el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la promoción de las normas estrictas de equidad, humanidad y conducta profesional”.

Lo cierto ante aquellos compromisos son los resultados, ahora, particularmente en Centroamérica, en relación al crecimiento de su población, tenemos más delitos que los que había hace treinta años, el riesgo de las personas a ser víctima de un delito grave es mayor. ¿Qué ha fallado en los sistemas estatales y de justicia penal para que el compromiso de la prevención no causara los efectos deseados? ¿Hubo prevención efectiva? Creo que el problema radica en el reiterado y aceptado criterio de “multicausalidad del delito y la violencia criminal”, eso nos presenta muchos factores incidiendo en el comportamiento social que finalmente genera conductas penadas por las leyes y afectan la convivencia. Quizás se ha estado incidiendo sobre los efectos más aparentes y no sobre la raíz del asunto. Por un lado, están los conocidos problemas estructurales de la región: desigualdad, pobreza, analfabetismo, desempleo, crecimiento desordenado de las ciudades, falta de acceso a los servicios básicos; por otro lado la fragilidad de las instituciones públicas, fuertemente influidas por intereses personales o de grupos económicos o partidarios,  con escaso nivel de profesionalización lo que limita su actuación imparcial y equitativa, la corrupción pública y privada, desconfianza, la insuficiencia de la norma jurídica, de regulación estatal, la reducción y privatización del estado, la carencia de políticas preventivas, integrales y de largo plazo;  las tendencias a la actuación discriminatoria de género, generacional, étnica, por posición económico-social, heredada de factores culturales e históricos, coloniales y oligárquicos; y finalmente las influencias extranacionales de la delincuencia organizada (principalmente narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas y lavado de activos) que se filtra en las estructuras nacionales para vulnerarlas y descomponerlas. El Estado se ha enfocado en “prevenir” las “apariencias”, con una óptica extremadamente limitada: más leyes, penas, policías y cárceles.

En México (agosto 2008), ante el agravamiento de la violencia, el gobierno ha llamado a “un pacto contra la inseguridad”, en Guatemala, se habla de la necesidad de un “nuevo acuerdo de paz social”. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, en su última carta pastoral (15/8/2008), se refiere a los problemas sociales, económicos y de catástrofes naturales e incluye “la delincuencia creciente, migración forzada, inseguridad ciudadana, narcotráfico”. El gobierno de Costa Rica ha introducido al congreso un anteproyecto legislativo: “Ley de fortalecimiento integral de la seguridad ciudadana”,  en donde indica que está ejecutando “un conjunto de acciones contenidas en el Plan Nacional para la Prevención de la Violencia y la Promoción de la Paz Social: “Un país sin miedo”, pretende actuar sobre los factores asociados al desarrollo de patrones violentos en los individuos y las comunidades, desincentivar esos patrones de conducta violentos y reducir la comisión de delitos. En otros países y ciudades, como en New York, de habla de tolerancia cero, es decir sancionar hasta las más leves infracciones, limpiar los espacios públicos de indigentes, desempleados, vagos, niños abandonados, prostitutas…, llenar las cárceles, criminalizar la pobreza y la exclusión. Otros han promovido el modelo de política comunitaria, policía de proximidad o del vecindario, que pretenden involucrar a la comunidad en la solución de sus problemas, descentralizar el servicio policial y promover la participación y el control social.

En la década actual, más que en otras épocas, la población demanda PREVENCIÓN, quiere respuestas, pero principalmente menos hechos criminales, menos violencia, quiere sentir seguridad y confianza en sus instituciones encargadas, requiere percibir menor riesgo a ser víctima de un delito, un robo o una agresión. Es una demanda social y política creciente, un objetivo fundamental de la reforma policial, social y de la seguridad ¿Cómo lograr prevención? La prevención incluso pasa por actuar sobre los casos que ocurran, esclarecerlos, detener a los culpables y sancionarlos. Prevenir, en cuando a reducir la cantidad de hechos, es complejo y difícil. Identificar el efecto que tienen las acciones preventivas como el patrullaje, la vigilancia, la participación social, la iluminación pública, el ordenamiento de la ciudad es difícil medir en el corto plazo, pero todo ello articulado, tiene efectos positivos. Prevenir en el marco del estado de derecho, respetando las libertades fundamentales y garantías de los(as) ciudadanos(as), es tarea difícil, requiere acciones inteligentes, organizadas y sostenibles.