SEGURIDAD EN ELECCIONES MUNICIPALES

El próximo domingo 9 de noviembre 3.5 millones de nicaragüenses, según el padrón electoral, tendrán el derecho a votar para elegir a las autoridades municipales del periodo enero 2009-2013.  Esa amplia movilización cívica conlleva una gran organización que, de conformidad con la Constitución Política (artos 168, 173) y la Ley Electoral 331 (2000), está bajo la responsabilidad del Consejo Supremo Electoral. Los costos del proceso en promedio pueden ser de 7 dólares por votante que son asumidos principalmente por los contribuyentes. Es probable que algunos(as) que tienen derecho y obligación de votar, no lo hagan por diversas razones: carencia de cédula, poco interés o tiempo, indiferencia, falta de opciones políticas o simpatía por algún candidato, problemas personales o de salud, encontrarse en el exterior, etc. El ejercicio del voto es un insumo importante, aunque insuficiente, para el fortalecimiento del sistema democrático por parte de los ciudadanos quienes de manera libre y secreta, expresarán su opinión sobre candidatos y ofertas partidarias que en cada municipio se le han presentado.  La confianza en quienes organizan, controlan, supervisan y participan en la contienda electoral, así como el grado de información que sobre el proceso antes, durante y después tengan, contribuye a la seguridad y tranquilidad de las personas durante esta jornada de prolongada y difícil preparación que estará por llegar a su momento cumbre con la apertura y cierre de las urnas electorales, la elaboración de las actas de escrutinio, la solución de las impugnaciones y quejas, la proclamación de los electos y finalmente la acreditación y toma de posesión de las nueva autoridades edilicias en 146 municipios.

La seguridad de las personas durante el proceso electoral podemos identificarla desde tres momentos:

a). La etapa previa no comienza, en el caso de Nicaragua, con el inicio oficial de la campaña electoral, sino que se extiende desde un año antes, con los anuncios de los partidos políticos participantes, las alianzas, movilizaciones, propaganda, polémicas públicas, encuestas de opinión, información institucional emitida por la autoridad responsable, las especulaciones, desconfianzas y temores, la crítica periodística, el discurso gubernamental, las actuaciones policiales y judiciales, es decir, todo un contexto anterior que abona o no a construir confianza, credibilidad y seguridad, a crear el “clima electoral cívico”.  La confrontación entre los grupos contendientes, los hechos violentos o las manifestaciones pacíficas, la tolerancia o intolerancia, la apertura de espacios de discusión o su limitación, la destrucción de la propaganda del adversario, los impedimentos o facilidades para manifestarse, todo ello se conjuga en una percepción que se suma a la sensación de seguridad o inseguridad. Durante esta etapa, que trasciende a los periodos electorales, corresponde a la Policía Nacional actuar sobre los incidentes de orden público, le compete prevenir o evitar daños mayores en las confrontaciones, proteger los lugares en donde se impriman las boletas y organicen las actividades de las oficinas electorales, proteger a los candidatos(as) y sus casas de campaña, las movilizaciones políticas y caravanas que intensifican durante la recta final de la jornada.  La Policía está obligada, durante los días previos, a incrementar y tensar su despliegue policial en el territorio nacional priorizando los lugares destinados al almacenamiento del material electoral, las rutas, distribución, centros de cómputo, recepción y ejercicio del voto.  Debe disponer su aparato de inteligencia y patrullaje para atender cualquier delito común u organizado, criminal o electoral, que afecte el entorno inmediato a los centros destinados por el CSE para el ejercicio del derecho ciudadano.

Esta etapa que está concluyendo, a pesar de los conflictos conocidas, e incluso algunos hechos violentos no generalizados, ante la polémica pública y algunos temores, se ha desarrollado hasta ahora dentro de “límites razonables”, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Las condiciones pueden ser mejoradas, compete al Estado, la sociedad organizada, los partidos políticos y los ciudadanos en general, seguir trabajando por consolidar esta dinámica reciente en la vida político-social de Nicaragua. No hay afortunadamente, como ha sido en países del norte de Centroamérica, homicidios o atentados de consecuencias irreversibles; suelen presentarse en las campañas electorales como durante la última elección general en Guatemala (2007), con 52 homicidios vinculados directamente a la contienda política.

b). Durante las elecciones. Una corta pero intensa jornada. Comienza con el despliegue de los documentos electorales y concluye con la concentración de sus resultados en los centros destinados para tal fin. Millones de personas se movilizarán para ejercer su voto en las 10,785 JRV habilitadas en 4043 centros de votación, miles como miembros o fiscales, otros apoyarán el inmenso soporte logístico, los candidatos y sus partidarios estarán activos en el marco del “silencio electoral” que la ley impone a partir del 5/11/08. El Ejército participa con sus medios acuáticos, aéreos y terrestres en la dislocación del material electoral y en apoyo a la seguridad exterior a la Policía, a quien compete la protección del perímetro externo a las juntas de votación, a los centros municipales, departamentales y nacionales destinados por el CSE para la entrega, escrutinio y contabilización de los resultados. Las bodegas y centros de cómputo son objetivos de principal atención. La seguridad interna de las JRV la asumen los 13 mil policías electorales, creados por el Ministerio de Gobernación (arto. 182) pero subordinados al presidente de cada junta; ellos son responsables del orden interior del recinto, la Policía se limita al entorno inmediato y a su responsabilidad en la seguridad ciudadana del país.

1. c) Después de las elecciones, y hasta el 15/1/2009, concluye con los actos de toma de posesión de los electos, aunque mas intensamente en la semana siguiente (10-15), son momentos críticos para la seguridad ciudadana, pueden darse acciones de inconformidad por algunos resultados, que confiamos se manifiesten en los espacios legítimos que la ley permite. La Policía está obligada, a partir de la información de inteligencia y del análisis de los escenarios posibles, en municipios, ciudades y pueblos de mayor riesgo por resultados cerrados previsibles o tensiones previas, disponer oportunamente de las fuerzas policiales para prevenir confrontaciones mayores. Los medios de comunicación, observadores y ciudadanos tenemos la obligación de la prudencia. Todos los votantes, incluso aquellos cuyo candidato resulte con voto minoritario, tienen derecho a que se les respete su voluntad. Quienes ganen podrán celebrar con entusiasmo su victoria con la clara comprensión que hay otros cuyo voto fue distinto, pero legítimo. La gran responsabilidad del CSE es proporcionar los datos con prontitud y claridad, resolver las impugnaciones y apelaciones apegado a la ley, para evitar especulaciones e inconformidades crecientes e innecesarias que crean un ambiente de tensión, desconfianza y violencia.

Todos confiamos que una vez más en Nicaragua, las elecciones se desarrollen en el marco de la ley; que los electos asuman sus cargos, y que, independientemente del partido por el cual corrieron, administren el municipio con visión incluyente, tolerante y de servicio, atendiendo las legítimas y urgentes demandas socioeconómicas, urbanísticas y de inseguridad de sus habitantes.