INFORME GUBERNAMENTAL 2008 SOBRE SEGURIDAD
El “Informe anual del Presidente de la República 2008” (464 Págs.), pendiente de presentarse en la Asamblea Nacional conforme a lo establecido en la Constitución Política (arto 150, inc. 15), por ser atribuciones del Presidente, entre otras: “Presentar a la Asamblea Nacional, personalmente o por medio del Vicepresidente, el informe anual y otros informes y mensajes especiales”, es un amplio documento descriptivo que inicia con un análisis de la crisis del capitalismo mundial, de cuyos efectos no es posible salir ilesos, aborda aspectos económicos, sociales, energéticos, de inversión y gobernabilidad. En 21 páginas se refiere a los resultados de seguridad y defensa sobre cuyos contenidos comentaremos. La seguridad ciudadana, según encuestas de percepción social, no constituye todavía en Nicaragua una preocupación de primer orden, está en el quinto problema más importante del país, después de los socioeconómicos, entre ellos desempleo y alza de los precios de productos de consumo básico. En la opinión pública el Ejército y la Policía Nacional son las dos instituciones estatales mejor valoradas. El informe del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, expresa los esfuerzos de reforma al modelo político, según lo enuncia: “reemplazar el modelo socio-económico del capitalismo neoliberal globalizado con el modelo de desarrollo equitativo del Poder Ciudadano”. Es presentado por estructuras gubernamentales y no temáticas que podrían valorar mejor los esfuerzos interinstitucionales. En los apartados a comentar falta profundidad crítica en la identificación de debilidades, deficiencias y retos.
Desde el Ministerio de Gobernación, entidad encargada de coordinar y dirigir al Sistema Penitenciario, al Sistema Nacional de prevención y extinción de incendios, a Migración y Extranjería y a sus delegaciones departamentales, además de inscribir los estatutos de las personas jurídicas sin fines de lucro, enuncia el proceso de planificación estratégica 2008-2012, el aumento con respecto a 2007 del 32% de servicios por atenciones administrativas. Afirma, sin cuantificar resultados, que hay “incremento de la confianza y acercamiento de la población” y “para la búsqueda de soluciones a fenómenos y conflictos socioeconómicos y de propiedad”. Enumera que se ha fortalecido la seguridad turística, la estabilidad en los Centros Penales y ante las emergencias y riesgos por fenómenos naturales. Resalta diversos proyectos de inversión, entre ellos 20 delegaciones municipales de policía (12 en proceso) con fondos de la cooperación internacional. Enumera la gestión en las Comisiones de Lucha Contra Drogas, Trata de Personas, Educación Vial, Patronatos de Privados de Libertad y Mitigación de Desastres. Como “principales cambios cualitativos que la institución ha dado para cambiar el modelo”: el fortalecimiento de cambios de actitud, respeto a los derechos humanos, “vinculación con la comunidad y sus organizaciones sociales”, e impulso de la política de género.
Según el informe, la Policía Nacional, “mantuvo” en 2008 la tasa de homicidios de 13 x 100 mil hab., aunque es mayor en 40% a la de 2001. Es equivocado afirmar que la “Policía es quien mantiene la tasa”, dicho fenómeno obedece a un sinnúmero de factores por analizar, lo anterior puede dar a entender que si dicha tasa sube, es también responsabilidad exclusiva de la Policía, lo cual es falso. La entidad policial puede incidir, pero no la “determina”. Afirma que registra “desaceleración del delito en un 3.4%” con relación a 2006 y 2007; y los delitos graves en general decrecieron en 4.4% en relación a 2007”. No es claro si la reducción es de 3.4 puntos porcentuales, lo que es significativo, o de 3.4% (insignificante estadísticamente) como lo expresa. Este dato es importante si se compara con la variación de la cifra oscura, ya que cambios de corto plazo no marcan tendencia, hay que ver si “los no conocidos” se incrementan. Ello se estima en encuestas de percepción, las que el informe no considera. Enumera la desarticulación de 21 bandas y 58 agrupaciones delictivas, el incremento de la respuesta operativa en el enfrentamiento al narcotráfico, la captura de 13,780 kilos de cocaína; según informaciones de 2007, se capturaron 13,489 kilos, esto es un ligero aumento de 3%; el salto significativo (5.6 veces) con respecto al año anterior fue en 2004. Resulta obvio desde estos datos, la amenaza del narcotráfico y la delincuencia organizada sobre Nicaragua, dadas sus condiciones geográficas, fragilidades institucionales, el conflicto delictivo Colombia-México y las complejas manifestaciones de la violencia delictiva en los países del Norte de Centroamérica. En 11 eventos fueron destruidas 13 mil armas de fuego. Ejecutados varios planes especiales (elecciones, verano, diciembre, contra el abigeato, aseguramiento a cosecha cafetalera y de maní, Aniversario de la Revolución), la integración de 20 mil personas en 3 mil Comité de Prevención Social, así como, desde el Programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana (BID), la conformación de una red de promotores comunitarios y consejeros familiares. Las Comisarías de la Mujer y la Niñez pasaron de 25 a 32, se desmovilizaron 600 jóvenes integrados en pandillas.
Desde el Ministerio de Defensa y el Ejército, se menciona la elaboración “conjunta y consensuada de un documento primario que contiene las políticas de defensa nacional”, la destrucción de minas y explosivos. En apartados iniciales del informe indica que la política exterior nicaragüense estuvo “abocada a la defensa de la soberanía territorial de Nicaragua, fortalecer los lazos de hermandad con los pueblos y gobiernos del mundo”.
El gran reto es mejorar la seguridad de las personas y sus bienes que es inseparable de la confianza, credibilidad y capacidad institucional, evitar que la violencia delictiva siga creciendo, que nos contaminen las manifestaciones del narcotráfico y la delincuencia organizada nacional y transnacional. Se requiere: fortalecimiento y profesionalización de las instituciones, focalizar las funciones policiales sustantivas con racionalidad, prevención policial inteligente y comunitaria, regulación eficaz sobre uso de armas de fuego, consumo de drogas y expendios de licor.
