ARMAS DE FUEGO, CONTROL Y PREVENCIÓN
Hay tres “detonantes/disparadores” que sin constituir causa de la violencia criminal y social, la incrementan, pueden hacerla más peligrosa: el consumo de drogas y de licor y el uso de armas de fuego. Nos referiremos a este último.
Uno de los efectos indeseables en los países que han tenido conflictos bélicos, revoluciones, intervenciones y guerras civiles, es la cantidad de armas, municiones y explosivos dispersos y fuera de control en el territorio nacional, en manos de desmovilizados, además de la gran cantidad de personas que han usado arma. Es predecible (si la solución no se administra oportuna, integral y socialmente) que posteriormente se exacerbe la violencia delictiva haciendo uso de esos medios letales, además de las heridas físicas y morales, discordias políticas, resentimientos y destrucción económico social. Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, padecieron la guerra y son vulnerables a sufrir, las consecuencias económicas, psicosociales y de violencia que se derivan, sin olvidar el profundo daño humano de invalidez, orfandad y muerte. En nuestro país la guerra terminó en 1990, los últimos “rearmados” se extinguieron hasta 2001; en Guatemala la Paz fue firmada en 1996 y en El Salvador en 1992. Una de las explicaciones del porqué los altos niveles de violencia criminal en estos últimos países se vincula parcialmente a los efectos del conflicto. En Nicaragua, a pesar del antecedente, el fenómeno es contradictorio. Según el “Estado de la Región 2008”, el porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego es más bajo en Costa Rica (58%) y Nicaragua (56%). Alto en Guatemala (82%), El Salvador (78%) y Honduras (76%). La violencia criminal es multicausal, se explica únicamente por el conjunto de condiciones históricas, políticas, sociales, económicas, culturales e institucionales. Nicaragua tiene uno de los niveles de violencia delictiva menores de Centroamérica (encima de Costa Rica y Panamá), en parte porque han prevalecido formas diferentes, manifestaciones políticas de la violencia, así como en otras latitudes predomina la confrontación étnica, racial, religiosa, por conflictos territoriales. (Policía, Seguridad ciudadana y violencia en Nicaragua, Bautista, 2004).
Además de ese tipo de armamento, a partir de la década del noventa se incrementó la demanda de armas para guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes colombianos y como respuesta al Plan Colombia. Esos grupos delictivos organizados en el Sur, en México y otros países, utilizan pertrechos bélicos para el mercado de droga y sus delitos conexos, el usufructo de beneficios, la protección de capos y “mercancía”, el enfrentamiento a los órganos institucionales y el cumplimiento de obligaciones entre miembros de la organización criminal (pago, amenaza o muerte). La delincuencia organizada transnacional es global, no tiene límites territoriales, legales ni éticos.
¿Por qué las personas comunes, profesionales, empresarios, comerciantes, agricultores, se arman? Esta es la pregunta clave que requiere una respuesta heterogénea y cambiante, entre países, entre regiones y distintos sectores sociales. Quizás por temor, para protegerse de la delincuencia, para proteger su familia y propiedad, porque no tienen confianza en la seguridad pública o el sistema penal, por tradición, por la percepción de amenaza o riesgo… La formulación de políticas públicas para la prevención de la violencia, requieren conocer las percepciones sociales y evaluar los datos sobre hechos, tenencia y uso de armas.
Mediante Ley 510(2004) Nicaragua promulgó la “Ley especial para el control y regulación de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”. Se creó la “Dirección de Registro y Control de Armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados”, DAEM, especialidad de la Policía Nacional. Se conformó (sin eficiente funcionamiento) la Comisión Nacional Multidisciplinaria integrada por los Ministerios de Gobernación, Defensa, Relaciones Exteriores y Salud, el Ministerio Público, Aduana, Policía y Ejército; su función principal, sujeta a reglamentación, es la de formular política pública para el control de las armas pequeñas y ligeras. Esta ley es, a pesar de sus imperfecciones, una de las más completas y actuales de la región, el problema es crear la capacidad real para su aplicación y lograr el efecto preventivo que pretende, tanto en la comercialización como entre los poseedores (personas jurídicas o naturales), los criterios para otorgar licencia, la identificación de infracciones y aplicación de sanciones, así como educación social e información pública.
No es eficaz restringir el uso de armas por “decreto” únicamente o por intención volátil de alguna autoridad cuando la capacidad institucional no existe o es frágil. No es suficiente crear la competencia hay que disponer del mecanismo eficaz. No surte efecto “prohibir” cuando la confianza en las instituciones se deteriora, la percepción de inseguridad y el temor crece. Ese es el caso de Guatemala, por ejemplo. Si en ese contexto se restringe, se encarece la licencia de portación o se establecen complejos mecanismos de registro, lo que pasará es que los usuarios-portadores, adquirirán armas al margen del control estatal, se tiende a evadir, es decir, “lo no registrado aumentará”. La mejor medida es facilitar a los ciudadanos el registro a la par de establecer controles y promover confianza social para desestimular la tenencia y uso de armas de fuego. Recientes declaraciones gubernamentales en Guatemala indicando medidas restrictivas al respecto, lamentablemente, no serán eficaces. Actualmente el legislativo discute una nueva ley de armas y municiones sin que se haya logrado el consenso.
En Nicaragua, hay que desalentar el uso de las armas y explosivos, restringir la importación, controlar la comercialización; se requiere aplicar las regulaciones establecidas, educar e informar a la población, fortalecer la confianza entre las instituciones y los ciudadanos, fomentar el diálogo y promover la convivencia, en el “Año Internacional de la Reconciliación, 2009” según lo declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
