OBLIGACIÓN Y SOLIDARIDAD CON VÍCTIMAS DE DELITO

Durante el 2008 la Policía Nacional conoció de 154 mil denuncias por delitos y faltas, esto implica que al menos hubo esa misma cantidad de afectados por una falta penal o delito. Murieron producto de la violencia, 731 personas. En los anteriores tres años llama la atención que el porcentaje de mujeres víctimas se ha incrementado; de representar el 45% en 2005 al 49% en el 2007. También es preocupante que las niñas y adolescentes han pasado de 6 mil a 10 mil afectadas por algún delito o falta, esa variación implica que de representar el 5.9%, en 2007 llegaron a ser el 7.2% del total.  Hay por lo tanto un hallazgo que enfatizo, el porcentaje de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de la violencia delictiva se ha incrementado. Quizás las mujeres están denunciando con mayor frecuencia los hechos, es decir podría haber una reducción de la cifra oscura, aunque no tenemos evidencia que lo compruebe o, están siendo blanco creciente de la delincuencia en cualquiera de sus formas. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué explicaciones podemos encontrar? ¿Cuáles son los tipos delictivos que más afectan a los niños, niñas y adolescentes? ¿Quiénes están provocando ese daño? ¿Cómo marcará su vida y desarrollo ese delito o falta penal?

RESUMEN VÍCTIMAS

Fuente: elaboración propia a partir de Anuarios Estadísticos Policía Nacional.

La persona contra quien se comete un delito sufre, en dependencia del hecho, distinto grado de afectación. Los delitos de violencia intrafamiliar, sexuales, el secuestro, el robo con intimidación (usando arma de fuego o blanca), pueden generar secuelas psíquicas difíciles de sanar. Las lesiones afectan directamente la integridad de las personas, el robo con fuerza y el hurto, el escaso patrimonio de la mayor parte de los afectados quienes son personas sencillas, estudiantes, amas de casa, trabajadores o desempleados. Cualquier hecho delictivo deteriora la tranquilidad de la persona, su familia y entorno inmediato. La víctima, en ese momento, y más cuando el incidente es más grave, requiere la urgente e inmediata protección y auxilio del Estado a través de sus instituciones encargadas, principalmente la Policía, la justicia penal y la salud pública. Es obligación del Estado y derecho de las personas recibir ese auxilio.

Quien ha sido sorprendido por un hecho delictivo, principalmente cuando le ha dañado su integridad física y psíquica o significativamente su patrimonio, valora mayormente la atención pronta, amable, profesional y eficaz de las entidades estatales, particularmente de la Policía. La llegada tardía, displicente o su ausencia, produce desconfianza, reduce la credibilidad, genera un sentimiento de impotencia e inseguridad. La víctima se ahoga en su propio dolor cuando no recibe respuesta de quien está obligado a dársela, o es revictimizada cuando el procedimiento se vuelve lleno de trabas, repetitivo, largo, cuando recibe respuestas evasivas o tiene que poner el combustible para la movilización de la patrulla, cuando es obligado(a) a contar una y otra vez la misma historia sin motivo justificado en medio de su vergüenza (en los delitos de violencia intrafamiliar y sexuales) y/o temor. El éxito está en acudir con prontitud al llamado de auxilio sin menospreciar el daño causado, apoyar, respetar y atender, orientar al denunciante y actuar contra quienes han provocado la afectación. Una buena actuación en el momento próximo a la ocurrencia del hecho es condición de éxito, no sólo para la solución policial/judicial del caso, sino, principalmente, para construir confianza y tranquilidad en el (la) perjudicado(a).

¿Qué decir de la solidaridad social entre la familia, los vecinos o simplemente las personas que presencian el hecho criminal o se encuentran con la víctima después de haber sido afectada?  Aunque el nicaragüense es tradicionalmente solidario, hospitalario y abierto, algo está pasando, tal vez miedo o indiferencia; cuando en una parada de buses, en el interior de un bus de transporte colectivo, o en la vía pública una persona es víctima de un asaltante, muchas veces, quienes están alrededor prefieren no ver nada y pasan de largo mientras la víctima desesperada llora, corre o se queda inmovilizada, quizás lesionada. No queremos decir que ante una amenaza peligrosa se actúe con imprudencia, pero quizás algo distinto al silencio y la indiferencia podremos hacer. Afortunamente siempre será posible encontrar entre el anonimato, algún gesto solidario.  La solidaridad hacia las víctimas es una obligación humana y cívica como ciudadanos(as) y cristiana para quienes tienen desde su fe un compromiso con el prójimo, no hacerlo es “pecado de omisión”.

Hay en Nicaragua más víctimas que antes, algunas nos cuentan sus historias pasadas, en otras, más de alguno de nosotros ha sido testigo directo o indirecto. Ello demanda del Estado mayor obligación de actuar y de la sociedad, de nosotros quienes somos parte de la comunidad en la ciudad, en el barrio, en el instituto o centro de trabajo, una ineludible responsabilidad de cooperación solidaria.