La pequeña Centroamérica (según Estado de la Región 2008: 41.3 millones de habitantes -2007-, 521 mil Kms c., 106 mil millones de dólares de producción) es vulnerable, por su fragilidad institucional, sus características socioeconómicas y sus antecedentes políticos, a la creciente y agresiva ola de delincuencia organizada que se mueve entre las dos masas continentales en el Norte y Sur de América. Su privilegiada posición geopolítica es a la vez condición preliminar e ineludible de sus amenazas y riesgos. Aunque es principalmente zona de tránsito no deja de ser crecientemente, también de destino.

 

Al terminar el conflicto bélico que azotó la mayor parte de este maltratado y frecuentemente intervenido y subordinado Istmo, el “negocio” del narcotráfico y actividades conexas, aprovechó las ventajas de la “paz” para incrementar sus “operaciones”. El desolador escenario dejado: destrucción económica, incipientes instituciones, desarticulación social y desconfianza política, es propicio para expandir, bajo limitados controles, los beneficios del narcotráfico, el tráfico de armas, vehículos, personas y el lavado de activos.

 

Dos condiciones facilitan el incremento de la delincuencia organizada:

 

1. a) El crecimiento del volumen económico que desarrollan los países y proporciona una base que puede soportar, justificar o “enmascarar” las transacciones y beneficios de la delincuencia transnacional, esto es que a mayor actividad/capacidad económica mayor potencialidad para ejecutar negocios “ilícitos”, siempre y cuando se presente la siguiente circunstancia.

 

1. b) Endebles, insuficientemente profesionalizadas instituciones para ejercer el control y la regulación estatal.

 

Cuando ambas condiciones coexisten, tenemos ineludiblemente presencia significativa del crimen organizado. Países con economías pequeñas e instituciones más o menos estables, no son tan vulnerables (por razones prácticas) de desarrollar en mayor medida, delincuencia organizada transnacional (podría ser este el caso actual de Nicaragua); la magnitud del funcionamiento económico no permite “encubrir” las operaciones delictivas transnacionales. Países con economías pequeñas y entidades menos consolidadas presentan alto riesgo a la violencia delictiva transnacional que busca incrementar sus “negocios” bajo el menor nivel de control, el máximo beneficio e impunidad. Países con economías grandes e instituciones frágiles son indudablemente escenarios propicios para variadas formas de delincuencia organizada (ej.: México, Guatemala). Países con economías relativamente grandes, pero instituciones formales y estables, son capaces de limitar con eficacia las acciones de la delincuencia organizada (ej.: C. Rica y Panamá).

 

El riesgo potencial está en que la economía nacional crezca desmesuradamente y paralelamente la institucionalidad no se fortalezca en un contexto donde continúan prevaleciendo el deterioro social y la iniquidad; ello llevará al incremento de la corrupción pública y privada, al aumento del descontento popular y al surgimiento de mayores y variadas formas de delincuencia transnacional que, combinadas y/o soportadas en la delincuencia local, engendran otras formas de violencia delictiva.

 

Podemos derivar que la criminalidad local combinada con la delincuencia organizada transnacional y la corrupción pública, junta en la acción tres fenómenos de naturaleza distinta, que lo hacen complejo y dañino. Cuando esta fusión es generalizada se especula que tenemos peligro de caer en “un Estado fallido”; el Estado ha perdido o tiende a perder la naturaleza esencial de su existencia: la construcción del “bien común”. Los dos problemas críticos e inmediatos para Centroamérica en lo que se refiere al origen de la delincuencia transnacional son en el sur Colombia y en el norte México. Desde las desafortunadas condiciones que envuelven a estos dos pueblos hermanos, se han derivado dos términos: “colombianización” y “mexicanización”.  La primera incluye la presencia de grupos armados irregulares y carteles, la segunda, carteles fragmentados que controlan parte del territorio en un contexto de alta corrupción e ineficiencia de las fuerzas de seguridad pública y justicia penal. Ambos conceptos implican tasas altas de asesinatos, secuestros, extorsiones e implantación del terror en algunos territorios bajo el control parcial, temporal o sostenido de grupos delictivos. La sociedad y las instituciones son rehenes de los carteles de la droga, las armas, el lavado de activos y el tráfico de personas imposibilitando el desarrollo normal de sus actividades. Para la economía es posible que llegue un momento en el cual conviva y a veces se beneficie del conflicto.

 

En México, un Estado Federal, las causas de la violencia creciente pueden sintetizarse en:

1. a) Crecimiento económico/social desigual.
2. b) Fragilidad institucional.
3. c) Desregulación.
4. d) Corrupción pública y privada.
5. e) Fragmentación de las instituciones de la seguridad y la justicia penal.
6. f) Desprofesionalización de los funcionarios judiciales, fiscales y policiales.
7. g) Carencia de políticas públicas de persecución criminal nacional.

 

En Estados Unidos, el principal mercado de destino de la cocaína que proviene de Sur América, se estima que el 10% de sus habitantes consumen la droga. Allí está, lamentablemente, el motor de la demanda que crea la oferta. El país ha fracasado en las últimas tres décadas, en la política antinarcóticos al no lograr reducir significativamente el consumo. Ello requiere replanteamientos estratégicos y una nueva alianza continental para reenfocar las acciones políticas y operativas.

 

En Centroamérica la presencia de los carteles del Norte y del Sur es creciente, crean bases de apoyo, mueven gran cantidad de drogas y activos, buscan influenciar al poder político y económico, aumenta el consumo regional, influyen en la descomposición de la estructura social, no respetan fronteras ni límites legales, buscan el fin de ganar, controlar y evadir, no importan los medios para lograrlo. Ello constituye la principal amenaza externa a la región; puede encontrar en nuestras carencias y fragilidades, un favorable escenario. Es, indudablemente un factor creciente que contribuye cada vez más a la inseguridad y la violencia delictiva.