La “Declaración de Compromiso de Puerto España” de la 5ta. Cumbre de las Américas celebrada (Trinidad, 17-19 de abril 2009), fue firmada, ante las dificultades de consenso, por el Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Patrick Manning en representación de los 34 Jefes de Estado y de Gobierno participantes. Contiene 97 párrafos, 10 bajo el subtitulo: “Reforzar la Seguridad Pública” y 11 sobre: “Reforzar la Gobernabilidad Democrática”. Estos últimos abordan la “credibilidad y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”, el problema de la corrupción, las prácticas fraudulentas y las conductas no éticas en los sectores privados y públicos, las prácticas corruptas, ilegales y fraudulentas de algunas empresas privadas nacionales y transnacionales, la necesidad de promover y proteger los derechos humanos, la responsabilidad de contar con políticas públicas de protección a la niñez.

 

La mayoría de los países del Continente enfrentan cinco problemas comunes en lo relativo a la violencia e inseguridad:

1. a) Las tasas delictivas son más altas en comparación a los últimos diez años, aumenta el riesgo de las personas a ser víctimas

 

1. b) La gravedad y violencia de los delitos es creciente.

 

c)El crimen organizado transnacional, particularmente el narcotráfico, afecta la estabilidad social e institucional.

 

1. d) La percepción de inseguridad de las personas es mayor.

 

1. e) La confianza y credibilidad en las instituciones encargadas de la seguridad pública y la justicia penal disminuye.

 

Lo anterior presenta la existencia de cuatro fenómenos que coexisten y en las realidades nacionales más críticas (Ejemplo: México, Colombia, Guatemala, Honduras), se conjugan, perdiéndose o limitándose la capacidad de actuación del Estado y la sociedad:

 

1) El conflicto de la convivencia cotidiana ante la dificultad de administrarlo oportunamente.

 

2) la delincuencia común local.

 

3) la delincuencia organizada nacional y transnacional.

 

4) La corrupción pública y privada.

 

La Declaración reconoce la necesidad de “abordar las amenazas, las preocupaciones y los desafíos a la seguridad en el Hemisferio” y que es “imprescindible el fortalecimiento de la cooperación entre nuestros Estados”, por lo que se reafirma la “Declaración sobre Seguridad de las Américas” (México, octubre 2008). Se condena el “terrorismo” cuya definición conceptual genera frecuentes polémicas dado lo extensivo del concepto tal y como se interpreta desde la óptica particularmente norteamericana, donde casi cualquier conducta delictiva u opinión política adversa, puede caer en su amplísima definición.

 

Se expresa la preocupación y necesidad de seguir luchando contra la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, lavado de activos, corrupción, terrorismo, secuestros, pandillas delictivas y delitos asociados al uso de la tecnología, incluido el delito cibernético.

 

Reconocen el compromiso para “promover políticas públicas, en coordinación con las instituciones pertinentes y la participación ciudadana y comunitaria, destinadas a la prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, y a fortalecer, con un enfoque multidimensional”. Dos cosas son evidentes, la mayoría de los Estados carecen de política públicas en la materia y los que la tienen, con frecuencia no logran aplicarlas con sostenibilidad y con “un enfoque multidimensional”, actuando muchas veces con respuestas “policiacas o penales” de corto plazo, que únicamente agudizan el problema social y lesionan la confianza social: más policías y cárceles, aumenta el hacinamiento penitenciario, son más frecuentes las redadas, se recrimina y estigmatiza a jóvenes, grupos sociales y culturales, pobres, etc. Existe dificultad práctica para fortalecer la efectiva e institucionalizada participación ciudadana y comunitaria en la prevención sin caer en la participación directa de los vecinos en las labores de la seguridad pública.  Muy pocas experiencias locales y nacionales han logrado integrar la demanda social y comunitaria en sus acciones, valorar sistemáticamente la percepción e involucrar a los pobladores en el control social informal y la incidencia sobre la causalidad de la violencia y la inseguridad.

 

Enuncian la preocupación por que “la fabricación y el tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados son una amenaza a la seguridad, engendran violencia, exacerban los conflictos y afectan negativamente el estado de derecho”. Estados Unidos es el principal fabricante de armas en el Continente, aunque también generan producción de importancia en el Sur: Brasil y Argentina. ¿Qué tan eficaces son los controles de los fabricantes para evitar que sus productos bélicos circulen “libremente” con fines ilícitos o lícitos?

Finalmente enfatizan la decisión de “enfrentar el problema de las pandillas delictivas, sus aspectos conexos y sus efectos en el entorno social”, la importancia de “un enfoque global que comprenda, entre otros, la prevención, rehabilitación y reinserción de las personas afectadas”, se habla de la necesidad de una “estrategia integral y hemisférica para promover la cooperación interamericana en el tratamiento de las pandillas delictivas”. ¿Cesarán en la región las políticas de “mano dura” –evidentemente ineficaces-  particularmente en el norte de Centroamérica para buscar métodos más acordes al origen y características del complejo fenómeno que afecta amplias áreas urbanas de la región?

 

Es posible que la Cumbre marque el “inicio de una nueva era” como lo han expresado públicamente muchos de los gobernantes, en las relaciones entre los países del Continente, particularmente de Estados Unidos con América Latina, ojalá (¿Quién nos impide soñar?) se encuentren y promuevan cauces para la solución pacífica de los conflictos y el abordaje de nuestras diferencias por la vía del diálogo, la búsqueda de la equidad, la tolerancia, el respeto mutuo entre las naciones y entre los habitantes en cada uno de nuestros pueblos.