GUATEMALA INSEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD

Después de  la campaña electoral en Guatemala en la que resultó  electo el Presidente Álvaro Colom (septiembre 2007) por la Unión Nacional de la Esperanza, para el período 2007-2012, un articulista escribió en un diario, bajo el título “Colom, ¿último presidente democrático de Guatemala”, un breve ensayo indicando que, dada la proximidad de votos para el candidato del Partido Patriota, Otto Pérez Molina, general retirado, firmante de los Acuerdos de Paz (1996), bajo el lema de “mano dura” y el logo de un “puño cerrado”, quien perdió en la segunda vuelta, y que es creciente la simpatía social a medidas de excepción, justificando la limpieza social y las acciones de hecho contra la delincuencia, por lo que si el nuevo presidente no lograba revertir la grave crisis de inseguridad y violencia del país,  es probable que los próximos gobiernos serán consecuentemente de corte autoritario.

La inseguridad fue el primer problema planteado por todos los candidatos, la diferencia entre uno y otro se centraba en la radicalidad con la que enfocaban las soluciones dadas las condiciones del país. Al asumir el nuevo gobierno, se dio continuidad institucional a las medidas de la administración anterior (aunque, según percibo, a un ritmo más lento del que demandaban las circunstancias), la reforma al sector de seguridad y justicia. La celeridad entre lo que el país necesita y lo que realmente se hace o puede hacer, está frenado por impedimentos institucionales, políticos y legales, pero principalmente por la falta de consenso básico sobre un modelo de seguridad y policía que el país debe desarrollar y la corrupción pública permeada por la delincuencia organizada.

A pesar que los acuerdos de paz establecen un conjunto de compromisos sobre policía, seguridad y justicia, Guatemala fue el único país de la región que no logró materializarlo en una reforma constitucional. Lamentablemente la iniciativa fue rechazada en referéndum constitucional, en parte por la manera de formular las preguntas y la campaña en contra de los acuerdos logrados. Lo anterior limitó el alcance del consenso y expresa las graves limitaciones de gobernabilidad para permitir la consolidación de un modelo de seguridad democrática. Un obstáculo estructural, según mi punto de vista es que el país sigue teniendo un enfoque estatal hegemónico monoétnico, excluyente y tradicional, conserva los viejos esquemas, a pesar de reconocer que es multiétnico, multilingüístico (22 idiomas) y pluricultural.

El asesinato de los diputados salvadoreños del PARLACEN en 2007, sacudió la institucionalidad guatemalteca y movió al gobierno de ese entonces a cambios (no sustantivos) en la seguridad y la policía. El ritmo de esos cambios no alcanzó las expectativas y nuevamente surgieron impedimentos del consenso, la falta de tomar y sostener decisiones integrales y urgentes necesarias, planteó avances insuficientes ante la inseguridad que se hace más compleja.

A pesar que las tasas de homicidio en 2008 son más altas en Honduras (58 x 100 mil habitantes) y El Salvador (55 x 100 mil habitantes), en Guatemala fue de (49 x 100 mil habitantes), el problema del país es que el estado ha estado perdiendo o limitando su capacidad de actuar sobre el fenómeno delictivo y se ha mezclado de manera imprecisa la delincuencia común, organizada nacional y transnacional y la corrupción pública y privada.

En el último mes dos esfuerzos nacionales renovaron las posibilidades de cambio:

1. a) El Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia (abril 2009) que plantea la creación del Ministerio de Seguridad Pública, formulación de políticas de seguridad pública, reforma policial, reforma al sistema penitenciario, fortalecimiento del sistema de inteligencia, políticas contra la impunidad y el control de armas de fuego, control sobre las empresas privadas de vigilancia, comunicación y participación social y una agenda legislativa sobre la seguridad y la justicia. El Acuerdo creó una Comisión de Verificación compuesta por el Presidente de la República, del Organismo Judicial, del Congreso y el Fiscal General; estableció como garantes del acuerdo al Procurador de Derechos Humanos, a la Universidad de San Carlos, al Arzobispado y a la Alianza Evangélica;

1. b) La aprobación el 21/4//2009 por el Congreso de la República, después de un largo período de discusión, de la Ley de Armas y municiones, estableciendo regulaciones y controles, creando la entidad reguladora adscrita al Ministerio de Defensa (tal y como ha estado). El Acuerdo Nacional establece que dicha entidad debía pasar bajo el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. En el 82% de los homicidios, el mayor porcentaje de Centroamérica, se usan armas de fuego.

Sin embargo, las declaraciones del abogado recientemente asesinado Rodrigo Rosemberg quien comienza diciendo que: “Si ustedes están viendo este video es porque estoy muerto…”, responsabiliza de los hechos a las máximas autoridades guatemaltecas, profundiza la desconfianza, la división y gravedad de la gobernabilidad de este hermano país, en cuya interior y frontera norte se mueven fuerzas paralelas y subterráneas de cuya complejidad apenas sospechamos. Se frustran o posponen aparentemente las esperanzas.

Lo de Guatemala, es también preocupación de la región centroamericana, imbuida en sus contradicciones locales, fragilidades socioeconómicas e institucionales ante la amenaza creciente de la delincuencia común y de las complejas operaciones delictivas transnacionales de Norte y Sur. Hay, sin lugar a dudas una relación directa entre inseguridad e ingobernabilidad, porque inseguridad son hechos delictivos, percepción sobre los hechos, capacidad de respuesta, confianza y credibilidad en las instituciones; a mayor gobernabilidad, mayor seguridad y viceversa; la inseguridad e ingobernabilidad amenazan con truncar el rol del Estado.

Nota al pie: El 12 de enero de 2010 el jurista español Carlos Castresana en su calidad de Jefe de de la CICIG después de las investigaciones llevadas a cabo por esta entidad creada por acuerdo entre el Gobierno Guatemalteco y la ONU, que “Rodrigo Rosenberg planificó su muerte, por alguna razón buscó poner fin a su vida”. La Cicig y la Fiscalía acusaron como autores intelectuales del crimen a dos empresarios farmacéuticos, primos de la ex esposa del abogado, los hermanos José Ramón y José Estuardo Valdez Paiz, quienes están prófugos. Según las investigaciones, el abogado pidió a familiares de su ex esposa que contrataran a sicarios para asesinar a un supuesto extorsionador, pero el blanco que les dio era él mismo”.