El estado tiene la ineludible responsabilidad de buscar el bien común, proteger y garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos(as) y crear las condiciones necesarias para que las personas se desarrollen individual y colectivamente. Debe incidir sobre lo que atente contra los derechos y garantías fundamentales, entre ellos: la delincuencia, la violencia criminal, el crimen organizado, que genera riesgos e inseguridades contra la vida, atrofia y altera el desenvolvimiento normal de las personas. El estado tiene obligación de recurrir a instituciones, normas, instrumentos, tecnologías y métodos a su alcance para lograrlo. Sus límites son la ley, el estado de derecho, de tal manera que no puede hacerlo bajo las “reglas ilimitadas” e inexistentes con las que actúa la delincuencia, cada vez más variadas, transnacionales, heterogéneas y violentas. El estado, a través de su policía, inteligencia, fiscalía, justicia penal, penitenciaría, etcétera, aplica la persuasión, la fuerza y el control social formal para prevenir y reprimir en el marco de la convivencia social y la administración oportuna del conflicto cotidiano entre las personas y grupos.

 

Insistimos en que “el fin no justifica los medios”.  No es posible justificar, por ejemplo, como lo han tratado de hacer algunos políticos y funcionarios norteamericanos, los métodos de “interrogatorio” (que no son más que métodos de tortura) y las condiciones irregulares y violatorias al derecho internacional contra los prisioneros de Guatánamo, por sospecha de “terrorismo” bajo una polémica y sesgada definición desde la óptica unilateral del vencedor en la intervención militar en Irak y Afganistán. Cuando se cae en el juego de reconocer la “tortura lícita” y la “tortura ilícita”, o la “arbitrariedad y el abuso” desde el poder y sus entidades como válidas, se cae en una trampa que distorsiona los límites impuestos por los derechos humanos y la dignidad humana; los ciudadanos(as) de un país, los seres humanos, no sabremos a qué atenernos. Quizás esto continúe siendo una aspiración; no se puede renunciar a ella.

 

El sistema coercitivo y represivo del estado que tiene facultad de hacer uso de la fuerza para reprender conductas que dañen la seguridad de las personas, el derecho de otros o el interés común, están obligados a someterse a límites éticos y legales en el uso de los métodos, procedimientos y tecnologías. Las policías son entidades facultadas para aplicar la ley, “restringir las libertades”, hacer uso de la técnica policial y las armas de fuego en el extremo de las circunstancias. Deben ser fuertes y eficaces para ejecutar detenciones, disuadir, persuadir y reprimir cuando sea necesario. Desde la comunidad a la cual sirven, deben ser un mecanismo necesario para ayudar a la solución de los conflictos cotidianos, ser percibidos como actores cercanos y confiables con los cuales trabajar para solucionar los problemas de la seguridad ciudadana.

 

En el mundo contemporáneo global, las entidades coercitivas del estado tienen a su disposición una gama cada vez más amplia de tecnologías, algunas veces no disponible por razones presupuestarias y otras por impedimentos legales. Los principales métodos científicos y tecnológicos que se usan en la lucha contra la delincuencia son:

1. Criminalística: medios científicos técnicos que permiten obtener, preservar, embalar y analizar las evidencias encontradas desde el lugar del hecho para ser presentadas como pruebas en el proceso penal. Cada vez son más diversos los medios con los cuales se vale la criminalística en balística, análisis biológicos, de documentos, huellas de cualquier tipo, imágenes y hasta olores. Es indispensable su uso para priorizar la prueba objetiva o material por encima de la subjetiva o testimonial que ha sido históricamente la más utilizada (la confesión) pero que fácilmente se desvirtúa por temor, olvido o confusión del testigo, víctima u autor. Algunas veces la confesión del victimario ha sido obtenida por la amenaza o tortura.

 

1. Informatización de datos: el uso de la tecnología informática actualmente es indispensable ante el cúmulo infinito de información y las distintas rutas de búsqueda. Es imposible enfrentar con eficacia al crimen organizado y la delincuencia común sin datos actualizados que permitan cotejar huellas, nombres, alias, rasgos particulares, antecedentes y demás registros sobre personas y cosas (armas, vehículos, etcétera).

 

1. Intercepción de las comunicaciones y transmisiones de datos. Nuestra era es de las comunicaciones por una diversidad incalculable de formas. Los órganos coercitivos del estado requieren tener la capacidad para comunicarse con eficiencia y seguridad y a la vez controlar las de los grupos delictivos de conformidad con lo previsto en la ley. En Nicaragua se autoriza la intervención telefónica en El Salvador y Guatemala, está prohibida por la Constitución.

 

1. Métodos de escucha y capturas de imágenes a largas distancias. Desde la distancia, nuevas tecnologías permiten capturar imágenes y escuchar conversaciones descodificando sus significados a partir de vibraciones.

 

1. Sistemas de vigilancia y observación, sensores electrónicos y detectores. En algunas ciudades se han instalado cámaras que permiten monitorear el movimiento de personas y vehículos en ciertos tramos o intercepciones, pueden incluso buscar placas y otras codificaciones buscadas.

 

Mucha de esta tecnología está disponible en el mercado formal y negro de tal forma que también podría ser adquirida para fines inadecuados. Tienen diversos. El principal problema es la capacitación permanente del personal, el mantenimiento y suministro de los insumos para el equipo para asegurar sostenibilidad y eficacia, lo cual no es barato; con frecuencia los presupuestos gubernamentales no destinan partidas especiales para hacerlo. Esta es la limitación común de la mayoría de los países en vías de desarrollo.

 

Esta diversidad de instrumentos no deberían ser usados por el estado en contra de la disidencia política (ha sido el riesgo desde el poder). En la lucha contra la delincuencia es posible ser “inteligentes” para no usar la “fuerza bruta”. Lo más importante siempre será lo mismo: el ser humano. El funcionario profesional es lo principal. Ningún sistema o tecnología es funcional sin la persona: puede ser creativa, ética, discreta y honesta, o vulnerable ante su fragilidad, negligencia, ignorancia, corrupción.