ESTRATEGIAS CREATIVAS ANTE INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD

Aunque Nicaragua sigue presentando ventajas comparativas con respecto a Centroamérica en cuanto a las tasas de violencia delictiva e inseguridad, es necesario reconocer la tendencia de deterioro durante los últimos diez años. Ahora existe el doble de riesgo de ser afectado por un delito que en 1999. La probabilidad de ser víctima de homicidio se ha elevado en 30% desde 2000 a 2008, a pesar que la tasa x 100 mil h. se ha mantenido casi sin alteración en los últimos años, el promedio de muertes 2004-2008 fue de 724 personas. Durante el mismo período en C. Rica fue de 391 homicidios mostrando tendencia ascendente; en El Salvador alcanzó 3,604 y en Guatemala 5,880.

El incremento del delito en Nicaragua y en los países vecinos obliga replantear las estrategias institucionales y sociales desarrolladas. Las condiciones socioeconómicas muestran vulnerabilidades que la acción simplemente coercitiva, reactiva, policial y penal, es insuficiente y equivocada. A veces se perciben como acciones desesperadas pero inútiles; las tendencias no se han revertido. La fragilidad de nuestras instituciones es evidente, los órganos de seguridad pública y justicia penal son rebasados ante la demanda social, trayendo como consecuencia reducción de la confianza, el incremento de la desconfianza interpersonal y la impunidad. No es cierto que “nada se puede hacer”, ni que “hay que cambiarlo todo”; también es falso que “todo está bien”, que “hay que seguir haciendo lo que siempre se ha hecho”. Ambas afirmaciones en los extremos, pueden ser equivocadas porque inmovilizan y simplemente dejan las cosas iguales; la solución comienza reconociendo que hay señales de deterioro que llaman a acciones responsables, sostenibles, integrales y basadas en el análisis multidisciplinario. Se pueden obtener pequeños pero visibles y sostenibles éxitos. Hay que descartar las medidas cortoplacistas, los “golpes espectaculares” principalmente mediáticos y publicitarios, las grandes redadas con numerosos detenidos contra quienes es difícil establecer una acusación por insuficientes pruebas, los acordonamientos a barrios enteros (principalmente donde vive la gente más pobre), el uso agotador del personal policial sin la integración de un plan duradero, supervisado y evaluado; hay que descartar la tentación del uso autoritario y arbitrario de la capacidad coercitiva estatal.

El panorama actual de la inseguridad ciudadana en Nicaragua, dada su relativa baja gravedad, permite desarrollar acciones y estrategias que pueden contribuir a frenar o revertir su deterioro. Es fundamental recuperar la credibilidad en las instituciones públicas y mejorar la capacidad de respuesta hacia los hechos criminales. Es urgente disponer de una Política Criminal que responda, en nuestras condiciones socioeconómicas e institucionales, a incidir sobre las manifestaciones de la violencia delictiva, tarea que compete, al Ministerio Público y a la Policía; fortalecer el funcionamiento de la Comisión Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana bajo la máxima dirección política, que pueda proponer programas estatales de prevención desde el gobierno central, así como mejorar el funcionamiento de otras instancias y comisiones creadas para ver por la tenencia de las armas de fuego en manos de la población civil, la prevención de drogas, la seguridad del tránsito, etc. Hay fortalezas que pueden ser utilizadas, como el nivel profesional de los(as) policías, fiscales y jueces, la participación y organización comunitaria. Entre las estrategias a considerar relacionadas a la policía, una de las entidades más visibles que debe reaccionar de inmediato al problema, están las siguientes:

1. Simplificar funciones enfocando a la Policía hacia la prevención policial y la investigación criminal evitando se disperse en tareas administrativas, trámites y permisos. El 15% del personal está abocado a tareas distintas a sus funciones sustantivas. La Ley Orgánica requiere reformas; la Policía de Nicaragua es una de los que concentra mayor amplitud de funciones entre las policías únicas latinoamericanas, solamente superada por las que cumple la Policía de Bolivia.

1. Reducir la cantidad policías destinados a labores de protección física y personal a entidades y funcionarios públicos, políticos, mandos policiales y otras personalidades, al margen de lo previsto en la ley y las políticas institucionales. Esto ha sido un problema arrastrado; con frecuencia las autoridades estatales ordenan proporcionarles seguridad personal; los custodios son extraído de labores de vigilancia de los barrios. Casi 10% de la fuerza policial está abocada a estas tareas.

2008. La estructura actual de la Policía difiere de la definida en la Ley 228; se ha justificado que las condiciones del país han cambiado con respecto a 1996, año en que fue promulgada, sin embargo, es posible que se hayan creado estructuras organizativas en exceso que fragmentan procesos de trabajo. Un replanteamiento organizativo debería obligar a enfocarse hacia la función y el proceso, de tal forma que se integren racionalmente, en búsqueda de eficacia y eficiencia los principales procesos de trabajo. La fragmentación estructural duplica esfuerzos, fractura servicios y diluye gastos de recursos materiales y humanos que como sabemos, siempre serán escasos. La plantilla total de la policía se incrementó en 41% en los últimos ocho años: pasó de 6,500 en el 2000 a 9,225 en el 2008.

2009. Los recursos financieros disponibles, limitados por la crisis económica mundial y los tradicionales problemas de Nicaragua, deben ser destinados a los objetivos principales: la prevención policial, la investigación criminal y la inteligencia para prevenir el crimen organizado nacional y transnacional. La racionalización del gasto podría ayudar a mejorar el trabajo de los(as) policías que realizan las tareas principales, el servicio operativo directo, el enfrentamiento a la delincuencia. El presupuesto general asignado a la Policía, se ha duplicado; pasó de 27 millones de dólares en 2001 a 54 en el 2009.

La inseguridad provocada por la delincuencia tiene dinámica propia y compleja. No es suficiente el fortalecimiento policial, es indispensable promover la participación local, municipal y comunitaria en la prevención, incrementar sus roles en programas descentralizados y de control social sin sustituir las facultades propiamente policiales. A pesar de nuestros problemas, tenemos oportunidades, más personal y más presupuesto, ello puede permitir revertir el deterioro de la inseguridad ciudadana, siempre y cuando, emprendamos inmediatas, nuevas, audaces y creativas estrategias en medio de nuestras conocidas limitaciones.