CONVIVENCIA Y GOBERNABILIDAD; COSTO DE LA INSEGURIDAD
La inseguridad ciudadana provocada por el riesgo a ser víctima de un delito y la percepción que sobre dicho riesgo las personas tienen, genera como principal costo, no aquellos directos o indirectos cuantificables, monetizados y expresados como porcentaje del Producto Interno Bruto (presupuesto de policía, penitenciaria, justicia penal; gastos de salud pública, gasto por seguridad privada, pérdidas de días laborables de las víctimas, etc.), que en Nicaragua representan el 10% del PIB (en 2006 el segundo de Centroamérica después de El Salvador), sino que su carga principal es la afectación a la convivencia social, a la tranquilidad de las personas en su vida, trabajo y diversión, eso es imposible cuantificarlo ¿Cuánto vale tener y sentir seguridad para vos y tu familia sin percibir amenazas que atenten contra tu vida, integridad física y moral? El miedo ante la amenaza que un delincuente te robe, agreda, lesione o mate lleva a las personas a modificar sus hábitos, dejar de frecuentar lugares públicos, centros de distracción, rutas de movilización y hasta cambiar de lugar de trabajo y residencia, contratar servicios privados de vigilancia, comprar armas de fuego, reforzar la casa con perros, alarmas, verjas y otras medidas de protección cuando se puede y cuando no, resignarse o ver cómo hacer para enfrentar o evadir los riesgos.
Cuando las tasas delictivas aumentan, principalmente los delitos peligrosos y violentos, cuando las personas perciben una débil, escasa, decreciente o rebasada capacidad institucional, el efecto inmediato a esos problemas, es el deterioro de la convivencia social, se lesiona la confianza interpersonal, se afecta el desenvolvimiento ciudadano. Las personas sentirán desconfianza y temor al relacionarse con otras(os) en el vecindario, bus, taxi, vía pública, mercado, centro comercial, de estudios o laboral. Verán con recelo al desconocido, construirán un estereotipo derivado de su subjetividad y de la influencia recibida a través de la comunicación social que le llevará a predisponerse ante personas con determinado aspecto, comportamiento, posición socioeconómica, vestimenta, edad, color de piel, acento… El deterioro de la confianza afecta la convivencia, condición necesaria y básica para el desarrollo social. Una vez deteriorada no es fácil recuperarla o recomponerla. Nosotros necesitamos relacionarnos en un marco de interacciones, respeto, responsabilidad y cooperación con otras personas, en un colectivo del cual somos indisolublemente parte.
El incremento de la victimización por el delito y la sensación de inseguridad, llevan a disminuir la confianza en las instituciones más visibles que abordan el problema inicialmente: la policía y la justicia penal. Esto no queda aquí, se profundiza; deteriora también la confianza en las instituciones públicas, en el Estado en su conjunto, se cuestiona y desconfía en el sistema institucional. Se puede desarrollar una sensación de desamparo o impotencia ante la amenaza de la violencia y ante el “desorden de cosas”, sin poder hacer nada, sin que ese aparataje pueda hacer o perciba pueda hacer algo.
La evolución del problema puede llevar a reducir el apoyo al modelo democrático, es decir al estado de derecho, afecta el respeto a un orden incluyente, participativo, respetuoso de los derechos humanos y facilitador de la convivencia colectiva, por uno contrario. Si los(as) ciudadanos(as) al reducir su confianza a ese esquema estatal ante el incremento de la inseguridad, comienzan a simpatizar por acciones autoritarias, coercitivas, al margen de la ley, bajo un régimen con viejos estilos militarizados, centralistas, intolerantes y arbitrarios. Es en ese contexto cuando, ciertas autoridades políticas (durante el último quinquenio en Centroamérica) han promovidos medidas de excepción en parte de sus territorios y políticas de “mano dura” que han socavado fisuras sociopolíticas. Una pregunta: ¿Cómo administra el conflicto delictivo el Estado para fortalecer su esencia de búsqueda del bien común? En este proceso escalonado de deterioro, como consecuencia del incremento de la criminalidad se afecta la confianza interpersonal, se reduce la confianza en las instituciones policiales, en la justicia penal y la institucionalidad general, se pierde apoyo a un modelo democrático y al estado de derecho, se simpatiza con medidas al margen de la ley con tal de poner orden y controlar la delincuencia, entonces, como consecuencia, se afecta la gobernabilidad democrática, es decir, se deterioran las posibilidades del país de implementar sus fines y objetivos. Es más difícil lograr el consenso y construir proyectos comunes para el bien común, la sociedad se fragmenta, los procesos políticos, sociales y económicos se estancan, se pierde la posibilidad de fortalecer el “estado-nacional.
La desconfianza en Nicaragua ha sido abonada históricamente por factores principalmente políticos, por las diferencias irreconciliables y cíclicas de quienes están “a favor” y de quienes están “en contra” o son categorizados así por el sólo hecho de no estar “a favor de”, de quienes “se oponen a todo lo distinto” a ellos y de quienes “apoyan sólo lo que viene de su mismo grupo”; en un esquema de bipolaridad que renueva sus contradicciones periódicamente. Particularmente durante la última década, es creciente la influencia que sobre esto tiene la inseguridad ciudadana, que, sin llegar a los extremos de otros países del Norte de Centroamérica, muestra un deterioro que podría profundizarse. El asunto es condicionado por factores internos y externos, facilitado por la posición geopolítica del país, las bajas condiciones de desarrollo humano y socioeconómico y la fragilidad institucional.
La confianza entre las personas, la afectación a la convivencia social y hacia las instituciones, al modelo político democrático en su sentido amplio y en consecuencia a la gobernabilidad, no sólo pueden ser dañadas por la violencia criminal y la inseguridad ciudadana que es a lo que nos hemos referido, también se deteriora por razones económicas, políticas, étnicas, religiosas y por la corrupción pública y privada que contamina, divide y polariza la sociedad, se siembran desconfianzas e incredulidades que pueden cosechar violencia, se abona a alejar y distanciar y por lo tanto inviabilizar el desarrollo común y el interés general, condición de gobernabilidad, como cualidad de gobierno, gobernanza: “la manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, proveniente de un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad y el mercado”. La violencia criminal creciente, la victimización e inseguridad es uno de las afectaciones que rompe un equilibrio sano y duradero en la sociedad.