DELINCUENCIA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2009
Los resultados preliminares de la estadística policial del primer semestre 2009 confirman que la tendencia de incremento de los delitos y su peligrosidad en Nicaragua siguen siendo crecientes principalmente desde el año 2004. La comparación de los resultados entre el primer semestre del 2009 con respecto al 2008, muestra incremento del 5% de las denuncias, mayor que el crecimiento poblacional (1.7%). Es imprescindible resaltar el aumento de los delitos graves, particularmente los homicidios en 17% y de los robos en sus distintas categorías en 10%. El modus operandis de mayor peligro, el robo con intimidación, cuando la víctima es amenazada con arma de fuego o arma blanca presenta nuevamente un sorprendente salto del 30%. En el 2008 con respecto al año precedente el aumento de este delito fue mayor al 40%.
Más de 80 mil denuncias conoció la Policía Nacional; fueron afectadas unas 80 mil personas de las cuales el 48% fueron mujeres. Resultaron perjudicadas por delitos graves 14 mil víctimas, el 17%. El 30% de las mujeres víctimas fueron por delitos graves; ellas, aunque son más víctimas (48%) que victimarias (5%), los delitos que le afectan en general son menos graves (de conformidad con la tipicidad definida por el Código Penal) que los que dañan a los hombres.
Si las tendencias se mantienen y aun siendo levemente menores para el segundo semestre del año con respecto al primero de 2009, habremos llegado, al concluir diciembre -según nuestra proyección lineal especulativa-, a una tasa de homicidios mayor de 14 x cien mil habitantes o quizás casi a 15; serán lamentablemente 850 muertes violentas provocadas, mucho más que las 731 víctimas del año anterior. El asesinato, el más grave de los “homicidios” tuvo un incremento preocupante del 15.5%.
Si hay más casos una cosa es obvia: se reduce la capacidad (en cantidad y calidad) de la respuesta policial para investigar y judicial para sancionar. Se satura el sistema de justicia penal (policías, fiscales, defensa pública, penitenciaría, forenses, jueces). La impunidad aumentará, la inatención e insatisfacción de las víctimas por un auxilio y justicia pronta tendrá efectos negativos en la seguridad y confianza de las personas, se cae en un círculo de creciente demanda insatisfecha, descontento y búsqueda de opciones privadas o al margen institucional para obtener protección y seguridad.
Es urgente y no es tarea fácil la prevención de los delitos, principalmente de los más graves, desde la comunidad y en el marco del respeto a los derechos humanos. Las instituciones públicas deben asumir la responsabilidad que les compete, la Policía y el Ministerio Público deben formular y poner en marcha una política de persecución criminal; la policía debe establecer prioridades operativas y evitar distraerse en tareas secundarias o de distinta naturaleza que consumen sus recursos materiales y su personal. Hay que activar y/o hacer más visibles las acciones que puedan promover otras entidades y comisiones gubernamentales que se han creado, particularmente la Comisión Nacional Multidisciplinaria para el control de las armas de fuego, la Comisión sobre la trata de personas, la Comisión para la lucha contra las drogas. Todos esos esfuerzos deberían articularse desde la Comisión Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana que requiere proponer, impulsar y divulgar una política encaminada al fortalecimiento de la seguridad ciudadana para evitar se deterioren los niveles relativamente menores al compararse con otros países (aunque no por eso despreciables) de violencia criminal.
El problema trasciende de la esfera puramente policial y penal, aunque indudablemente estas entidades tienen una responsabilidad visible e inmediata en la actuación sobre la delincuencia. La incidencia social y estatal sobre la causalidad es fundamental. Aunque actuar insistente y limitadamente sobre el efecto, no es una solución durable, agrava el problema social y desgasta la capacidad coercitiva del Estado, es necesario que la legislación, sus procedimientos, sanciones y medidas alternativas sean aplicadas según lo previsto. La parcialización e insuficiencia en la investigación y la aplicación de sanciones por delitos graves, la corrupción policial y penal, la desatención a la víctima, la reducción de la eficacia en el esclarecimiento policial y fiscal, generan impunidad y estimulan la comisión de más delitos.
Tres factores incrementan la violencia criminal:
- a) La tenencia de armas de fuego.
- b) El consumo creciente y desregulado de la venta de licor.
- c) El incremento del consumo de drogas ilegales.
A la par de ello, la violencia delictiva se reproduce a través de los medios de comunicación social y la globalización de la información, que en un contexto de muchas demandas sociales insatisfechas y frágiles instituciones públicas, indudablemente redundará en más delitos y mayor percepción de inseguridad. Como país tenemos muchas vulnerabilidades que nos hacen propensos y frágiles. Solamente una visión estatal integrada y sostenible para la seguridad ciudadana basada en una política pública consensuada y multisectorial, será capaz de potencializar nuestras ventajas sociales, que en lo relativo a la seguridad ciudadana, continúan existiendo.
