SEGURIDAD Y JUSTICIA COMO SISTEMA DE PREVENCIÓN

Como en una lancha de remos, si uno de los remeros rema más fuerte y a distinto ritmo del resto, o uno de ellos actúa con dejadez, la lancha navegará errática, así  puede compararse cuando los órganos del sistema de seguridad y justicia en un país no están articulados bajo una visión estratégica y operativa compartida, cuando algunos tienen un desarrollo mayor y gozan de estabilidad y otros presentan profundas debilidades.  Incluso puede ser que se piense que cada institución es idónea por sí misma, pero lamentablemente no es suficiente; como puede suceder en un equipo de futbol o beisbol, cada jugador es estrella, pero juntos no hacen equipo; como consecuencia perderán los juegos. No sirven el esfuerzo o los méritos parciales de alguno de los órganos cuando el resto o alguno de los otros actúan de distinta manera, esos “logros” serán temporales y no sostenibles, se romperán en cualquier punto de la cadena del proceso, pueden ser acciones desmembradas del conjunto que no han sido armonizadas con un enfoque sistémico que no es fácil de lograr principalmente cuando las instituciones se consideran “independientes” entre sí, pero mal entendiendo el concepto como la actitud de “hacer lo que se quiere”. La corrupción pública, la desconfianza y el bajo desarrollo profesional pueden afectar la integración. Interferencias diversas ajenas a la naturaleza institucional deterioran el funcionamiento eficaz y profesional. La vigencia de una política de estado para la seguridad y justicia,  con las políticas particulares para la persecución criminal principalmente para los delitos de mayor preocupación y  peligrosidad social, al contrario de desnaturalizar la legítima y relativa autonomía de las instituciones, establece los límites para el buen funcionamiento estatal en cuanto a su ineludible responsabilidad de brindar seguridad y justicia a sus ciudadanos(as).

Este problema es crítico en países donde la criminalidad ha escalado niveles insoportables, evidencia las fragilidades en la articulación interinstitucional principalmente en Guatemala y El Salvador. También es preocupación creciente en Nicaragua y otros vecinos. Cuando la problemática delictiva es menor, estos desajustes son menos evidentes y frecuentes, pero pueden estar allí. No se trata que los  funcionarios con responsabilidad en los órganos de seguridad y justicia se junten y conversen, o se lleven bien (en el marco ético), sino que sus instituciones actúen coordinadas en los límites de su competencia bajo una política común como partes del estado nacional para enfrentar y administrar los conflictos de la convivencia cotidiana y las amenazas crecientes por fenómenos como las pandillas y principalmente la delincuencia organizada nacional y transnacional que adquiere expresiones complejas, agresivas e influyentes en la región.

En Nicaragua instituciones relacionadas a la seguridad son: el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario; instituciones de la Justicia como el Ministerio Público, los tribunales de justicia, la Defensa Pública, el Instituto de Medicina Legal. Otras entidades como Migración y Extranjería y, dadas las realidades del país, el Ejército de Nicaragua en su rol coadyuvante a  la seguridad en el campo, las fronteras y las costas. Hay instancias y comisiones especiales como: la Comisión de Justicia y la Comisión de Defensa y Gobernación de la Asamblea Nacional, la Comisión Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2004) órgano consultivo de la Presidencia; el Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas (1999), la Comisión Nacional Multidisciplinaria para el Control de Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras (2004), la Coalición Nacional de lucha contra la trata de personas (2004) y el Consejo Nacional de Seguridad y Educación Vial Tránsito (2001). Todas deberían tener en lo que concierne, estrategias y políticas comunes, complementarias y no contradictorias.

En última instancia al ciudadano común no le interesa ni llega a saber de quién es la responsabilidad concreta por la que un preso se escapa de una cárcel policial o penitenciaria, o que se pierda dinero, activos o droga ocupada, o que los delitos estén subiendo, que las condenas a reos por narcotráfico o corrupción no prosperen, que ciertos procesos penales se atrasen o tengan resultados indeseables, que los delitos graves sean más, que la atención a las denuncias sea tardía, que perciban mayor inseguridad en algunos lugares y calles. Cuando funcionarios públicos ventilan sus diferencias a través de los medios de comunicación, es evidente que echan las culpas a otros; por lo tanto la coordinación interinstitucional no funciona como se espera aunque se diga lo contrario. La gente simplemente quiere seguridad y tranquilidad para vivir y trabajar en lo posible, demanda respuesta ante sus problemas. El país no tiene la violencia del Norte de Centroamérica pero si comparamos nuestros registros y percepciones con las de hace una década, nos damos cuenta que los delitos han aumentado en gravedad y cantidad por una compleja causalidad de factores.

Lo mejor indudablemente es prevenir, evitar que los crímenes y la afectación a derechos  a los ciudadanos ocurran, pero ante lo ocurrido, la acción eficaz de la policía, la fiscalía y los tribunales sancionando a los responsables de los hechos y resarciendo cuando corresponda a las víctimas, es PREVENCIÓN, porque evita que la persona que cometió ese error lo vuelva a hacer y porque constituye un ejemplo social de lo que no debe hacerse, porque en el caso de suceder, la legítima acción coercitiva del estado será pronta y efectiva. Lo clave no es subir penas ni tipificar más delitos, es que las penas existentes se apliquen con eficacia a quienes deben aplicarse. Recientemente el Congreso de El Salvador (mayor tasa de homicidios en la región), ante el incremento de delitos graves cometidos por menores de edad, ha legislado para aumentarlas de 7 a 15 años (vetada por el Presidente), sin embargo, solamente el 8% de los homicidios son esclarecidos. Guatemala, con alta fragilidad institucional y la segunda tasa delictiva de Centroamérica, tiene pena de muerte, pero la eficacia de la justicia es deficiente.  No vale “amenazar” con una pena extrema, sino hacer efectivas las sanciones que en el marco del estado de derecho y los derechos humanos se establezcan.

Una lancha de remos para surcar serena y firme hacia su destino, requiere articular los esfuerzos de sus remeros, cada uno es distinto y tiene su posición en la lancha, pero juntan su fuerza y ritmo de movimientos para que la lancha navegue con éxito. Sólo con esa lógica de articulación institucional e interinstitucional, social y estatal, se logrará evitar el deterioro de la seguridad y la justicia penal y la confianza (interpersonal y social), condiciones necesarias para la convivencia y el desarrollo.