TRES PREOCUPACIONES SOBRE LA SEGURIDAD EN NICARAGUA

FORO SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA

Sin desconocer dos realidades que afortunadamente siguen vigentes en la seguridad ciudadana:

1. a) La ventaja comparativa social e institucional de Nicaragua con respecto a otros países de la región en cuanto a los niveles de violencia criminal.
2. b) El carácter profesional de Policía Nacional y su tradicional vínculo con la comunidad que hay que seguir fortaleciendo, a partir de los datos sobre delincuencia y percepción compartimos tres preocupaciones que son parte de las inquietudes de ciudadanos y funcionarios públicos:
3. Más delitos. Según la Policía Nacional para el 2009, el total de denuncias recibidas fue de 165 mil, 7.1% más que en 2008; los delitos subieron en 11%. El incremento mayor a la media nacional fue en Granada (22%), Managua (21%), RAAS (21%), Boaco (20%), Río San Juan (19%), RAAN (17%) y Carazo (12%). Los homicidios pasaron de 735 en 2008 (12.6 x 100 mil) a 797 en 2009 (13.4 x 100 mil h), incrementándose 8%. Hubo 62 víctimas más en 2009 que en el año precedente. Los robos con intimidación (utilizando principalmente armas de fuego u objetos corto punzantes) subieron en 11%. El índice de victimización I.V. (personas que se sienten víctimas de delito aunque no lo denuncien) ha subido entre 2006 y 2010 en 20%: 20 de cada 100 nicaragüenses se sienten víctimas de un delito aunque no lo denuncien): en 2006 la Universidad de Vanderbilt (LAPOP)  arrojó 16%, en el 2008 la misma entidad presentó 16.5% y para principios del 2010 (marzo 2010), M y R Consultores (la encuestadora que trabajó con Vanderbilt), mostró I.V. de 19.9%.

2. Menor respuesta institucional. Ante un delito ocurrido, que la sociedad y el estado no pudieron prevenir como es deseable, lo que corresponde es dar una respuesta institucional y social que incluye: auxiliar a la víctima, esclarecerlo, sancionar al culpable, informar y educar a la sociedad. La acción inmediata y eficaz del estado sobre un delito ocurrido es fundamentalmente preventiva en la medida que reduce la impunidad y desestimula la delincuencia. Cuando hay más delitos, la respuesta policial y del sistema penal se reduce: se llega más tardíamente a la escena del crimen, no se apoya con inmediatez a las víctimas, aumenta la no denuncia, baja el esclarecimiento, se dificulta identificar y analizar las evidencias y sancionar a los culpables. En los delitos en general la efectividad policial, según los criterios de autoevaluación policial no conciliados con el sistema penal, disminuyó en 3%, pasando del 33% al 30%. Eso significa que en más de dos tercios del total de denuncias la policía no pudo identificar al autor ni recoger la evidencia que lo vincula ni el sistema penal pudo acusar y sancionar al culpable. Particularmente refiriéndonos a los homicidios, la caída de la respuesta policial fue significativa al pasar del 59% al 43%. Ello implica que el 57% de las muertes por delito en el 2009 han quedado sin resolverse policialmente. Esto puede ser un factor que estimule la delincuencia por lo que es fundamental prestarle atención. ¿Qué factores técnicos, organizativos, normativos e interinstitucionales están afectando la respuesta institucional a los delitos conocidos? De nada sirve incrementar las penas si a fin de cuentas el sistema policial y penal carece de capacidad efectiva para aplicarlas.
3. Se reduce la confianza. La confianza entre las personas es condición indispensable para la convivencia social; la confianza de las personas hacia las instituciones públicas es factor que coadyuva al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Ambas cosas son fundamentales para el desarrollo y la paz. Una de las instituciones claves de la seguridad es la Policía Nacional, la confianza en dicha entidad se ha reducido. Según diversas encuestas de M y R Consultores, en abril 2007 la “mucha confianza” era de 16.2%, en mayo 2008 bajó a 10.3% y a marzo 2010 fue del 12%. El nivel de “ninguna confianza”, pasó de 21.3 (2007), a 17.9 (2008) y finalmente a 26% (2010). Las percepciones son opiniones subjetivas que están influenciadas por diversos factores: los medios de comunicación social, el sentimiento de inseguridad, las apreciaciones personales en su familia y comunidad. Pueden ser muy variables por diversas circunstancias. La seguridad ciudadana no es sólo un asunto de delitos, es inseparablemente de percepciones, temores y desconfianzas. Todo ello hace que los individuos y colectivos sociales se sientan más o menos seguros en un lugar y momento determinado.

Lo anterior requiere abordar la causalidad de los problemas de inseguridad y violencia que yacen en los desequilibrios sociales, la desigualdad socioeconómica y el limitado acceso de los jóvenes al desarrollo integral y la recreación sana. Sobre estos asuntos es indudable que el gobierno ha realizado durante los últimos años avances importantes en salud, educación pública y otros programas sociales para paliar la pobreza, lo que es reconocido en la evaluación social. Hay sin embargo necesidad de ajustes institucionales en el ámbito técnico, organizativo y normativo que permitan la actuación operativa eficaz basada en políticas públicas integradas. Es necesario fortalecer la respuesta desde el nivel local y enfocar a las instituciones hacia las prioridades evitando la dispersión en las tareas no sustantivas. La vigencia del Código Procesal Penal y otros instrumentos con su avanzada doctrina no han sido plenamente aplicables ante el insuficiente desarrollo e interrelación de las instituciones encargadas y las dificultades presupuestarias y de recursos humanos, no sólo en cantidad, sino que en calidad y uso eficiente. Hay presión creciente del crimen organizado transnacional sobre nuestro territorio, tenemos vulnerabilidades sociales e institucionales, muchas necesidades básicas insatisfechas que se suman a nuestros conflictos de convivencia que generan desconfianza y pueden llevar a respuestas inadecuadas que lesionen el derecho de otros que es en fin de cuenta lo que hace que algo sea delictivo.