AVANCES DEL DESPLIEGUE TERRITORIAL Y RURAL DE LA POLICIA
FORO SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA
Cuando se fundó la Policía Nacional en Nicaragua después del triunfo de la Revolución Sandinista, en cada ciudad, pueblo y caserío había un improvisado “puesto policial” como consecuencia desordenada de los contingentes populares que se alzaron contra la dictadura somocista y de quienes se sumaron bajo el entusiasmo de los esperanzadores cambios. Desde fines de 1979 esta dispersión informal de la fuerza policial no capacitada ni equipada comenzó a ser desmovilizada, depurada y concentrada en las poblaciones que ameritaban en aquel contexto social la presencia de unidades policiales permanentes. La agudización de la guerra de intervención y el conflicto bélico interno a partir de 1983 impuso una tensa situación militar en amplios territorios del Centro y Norte del país, por lo que muchas de estas unidades tuvieron que ser retiradas y el control territorial fue asumido por el Ejército de Nicaragua. La Policía fue reduciendo su incidencia operativa y quedó principalmente en los conglomerados urbanos y en otras localidades en donde era posible desarrollar la labor policial. Al concluir la guerra en 1990 y a pesar de los remanentes del conflicto mediante diversos grupos armados/rearmados en el interior del país que prevalecieron hasta principios del 2001, se comenzó a retomar bajo criterios de necesidad el despliegue policial inconcluso en las comunidades y municipios de donde la Policía se había retirado por las razones históricas antes expuestas.
El diagnóstico institucional de la Policía de 1999 concluyó en uno de sus aspectos, que la fuerza Policial se había reducido en 12% entre 1990 y 1999 y que de los 151 municipios (ahora 153), en 32 no había presencia policial, sino que su atención era vista intermitentemente desde alguna jurisdicción cercana; en otras unidades las condiciones del servicio policial eran –y en algunas siguen siendo- precarias. Una de las metas del “Plan de Modernización y Desarrollo para la seguridad ciudadana (2001 – 2005)” y los subsiguientes planes formulados bajo esa continuidad de objetivos, fue el de revertir la tendencia de decrecimiento de la fuerza policial y hacer efectuar el despliegue policial en todo el país priorizando los pequeños municipios rurales del interior para ofrecer un servicio más cercano a la población. Fue establecida la matriz básica de despliegue municipal y rural y la estructura fundamental de tales delegaciones en distintos niveles en correspondencia a la población y la problemática delictiva a atender. Tales metas, concebidas con una visión de largo plazo, no podían ser sostenidas solamente con el presupuesto de la República, sino que requerían de la cooperación internacional (Suecia, PNUD, AECID, GTZ) y de créditos de instituciones financieras (BCIE, BID).
Diez años después de la identificación de aquella perspectiva de desarrollo aún no plenamente alcanzada, la Policía ha construido, habilitado y puesto en funcionamiento la 28 delegación municipal en lo que hoy es el Municipio de El Ayote del Departamento de Chontales y la rehabilitación de Santo Domingo (21/05/2010). Otras fueron antes: El Crucero (Managua), San Marcos (Carazo), Tecolostote (Boaco), Quezalguaque (León), etc. Las primeras fueron: San Francisco del Norte y Santo Tomás del Norte en los municipios más pobres del país en el Departamento de Chinandega.
La descentralización y desconcentración del servicio policial continúa siendo un objetivo válido surgido desde el enfoque de policía comunitaria perfilada en el mismo origen de la institución policial bajo un nuevo y cambiante escenario de complejidad delictiva. El incremento de la violencia delictiva y de la percepción de inseguridad obliga a respuestas locales inmediatas y particulares, por cuando las decisiones centralizadas serán insuficientes y tardías. El abordaje de la seguridad ciudadana requiere fortalecer la capacidad municipal de interpretar su propia problemática, sus similitudes y diferencias para emprender con eficacia estrategias diferenciadas que permitan desde ese nivel local mayor responsabilidad de las autoridades y la comunidad organizada. La participación comunitaria activa y la disposición de la fuerza policial desplegada en cada jurisdicción territorial deben tener la capacidad de solucionar los problemas de la seguridad ciudadana desde las competencias que cada uno tiene. La comunidad demanda estar informada, incidir sobre la causalidad de la violencia delictiva, las instituciones necesitan el control social, deben responder a las demandas de la comunidad en el marco de lo que la ley establece.
El camino es largo y lleno de dificultades sin dudas, pero, “cuando se sabe adónde se va ningún camino es desconocido” y si por alguna razón se pierde de vista el rumbo, volvamos a ver el punto de partida.
