La inseguridad ciudadana tiene un componente objetivo que son los hechos delictivos y uno subjetivo que está determinado por las percepciones, temores y desconfianzas. La variación del registro de los hechos delictivos denunciados en Nicaragua según datos oficiales de la Policía Nacional, ha sido mayor durante los años electorales 1996, 2001 y 2006, cuando se efectuaron las elecciones generales para Presidente y diputados ante la Asamblea Nacional. También la variación de la cantidad de delitos fue alta en los años postelectorales 1997 (11.5%) y 2007 (14.17), pero no ocurrió así en el 2002 que también fue el siguiente a las elecciones generales del 2001, cuando la variación de las denuncias fue una de las menores de los últimos quince años (1.6%), habiendo sido el promedio de incremento interanual del 6.9%. Solamente en el 2005 se redujo con respecto al año anterior en -4%. La inseguridad objetiva incluye los hechos conocidos y los no conocidos o el no registro (dato que no se estima oficialmente).

Las elecciones en Nicaragua han generado en las comunidades urbanas y rurales, en los círculos sociales, políticos, religiosos y empresariales, los medios de comunicación nacionales y extranjeros, amplias discusiones, análisis, encuestas, muchas expectativas e incertidumbres, tensiones, que se convierten, desde la percepción, en parte de la inseguridad ciudadana subjetiva. La política y particularmente los procesos de elecciones generales y municipales encienden o reavivan con facilidad las pasiones, polarizan y exacerban los ánimos en la vida cotidiana. Podemos decir que las tres grandes pasiones entre los nicaragüenses, desde la historia del siglo XX, son:

1) La política

2) El béisbol

3) La religiosidad con sus variadas y arraigadas creencias y tradiciones.

Entre 1990 y 2012, durante estos veintitrés años, en Nicaragua se habrán celebrado 14 acontecimientos electorales (2 próximos). Fueron elecciones generales (5): las de 1990, 1996, 2001, 2006 y las próximas de noviembre 2011. Las de las regiones autónomas del Caribe nicaragüense (5) en: 1994, 1998, 2002, 2006 y 2010. Las municipales (4) que comenzaron a celebrarse separadas de las nacionales en el 2000, 2004, 2008 y la próxima en el 2012. Las elecciones son un proceso formal e insuficiente del modelo democrático que requiere pasar efectivamente a una democracia participativa que trascienda a estas acciones ocasionales de la democracia tradicional. El país requiere transformaciones de fondo para superar los problemas estructurales, particularmente la pobreza, la desigualdad, el desempleo y las limitadas oportunidades de desarrollo que son los verdaderos males que nos aquejan. Sin embargo, estos sucesos electorales marcan una tradición que, a pesar de sus imperfecciones y las desconfianzas nuevas y acumuladas, constituyen un avance a reconocer en la institucionalidad del país. Hay capacidad organizativa, experiencia y alguna costumbre ciudadana que influye en la cultura política que comienza a arraigarse en el comportamiento institucional y social. El nivel de abstención es relativamente bajo en comparación con otros países de la región centroamericana. Ellos son aspectos positivos que requieren ser enfatizados, fortalecidos y no desacreditado. El liderazgo político, estatal y social está obligado a fortalecer la institucionalidad electoral que incluye, no sólo mecanismos organizativos y técnicos, sino que, inseparablemente, la confianza y credibilidad que se construye con información social, transparencia y profesionalismo.

Independientemente del comportamiento de las tasas delictivas en Nicaragua que, aunque siguen siendo una de las más bajas de Centroamérica, muestran una tendencia creciente pero menos acelerada que la de los países vecinos, la inseguridad en Nicaragua tiene un fuerte y creciente componente provocado por las percepciones. Los factores que contribuyen a la sensación de inseguridad durante las temporadas electorales, son primordialmente de naturaleza política y están determinados o relacionados a:

• La confianza o desconfianza en las instituciones públicas, particularmente en el sistema de justicia penal y de seguridad, y otras, principalmente en el sistema electoral durante los periodos electorales.

 

• El comportamiento de los líderes de los partidos políticos y candidatos participantes en la contienda electoral, su lenguaje y actitud moderada o exaltada, el respecto de las reglas del juego y el impulso de una campaña propositiva y constructiva.

 

• La valoración sobre la acción policial preventiva e investigativa no deliberante, oportuna, equitativa y respetuosa del derecho de todos(as) en el marco de la tolerancia, el estado de derecho y sin descuidar la seguridad en los barrios y comunidades afectadas por el delito común.

 

• La información o desinformación, la educación pública hacia los ciudadanos sobre sus obligaciones y derechos cívicos y los mecanismos organizativos de las elecciones, el ejercicio del voto y la presentación oportuna y transparente de los resultados.

 

• La movilización cívica y el nivel de participación de los ciudadanos en marchas y manifestaciones, propaganda y en el ejercicio del voto sin afectar el derecho ajeno, respetando las diferentes opiniones y proyectos políticos, sin atentar contra la integridad física de los otros ni dañar la propiedad particular del resto.

 

• El enfoque de los medios de comunicación social, las autoridades y los generadores de opinión pública para promover el respeto mutuo, la convivencia y el diálogo para la solución de los conflictos y no incentivar la especulación.

 

• El traspaso ordenado y transparente a las autoridades electas a partir del voto electoral directo y secreto.

Cuando las personas aumentan su desconfianza en las instituciones, la actuación policial es cuestionada, no se transmite información oportuna y equilibrada a la población, se manipula y desinforma, se exagera y tergiversa, se azuza, descalifica e irrespeta a  otros a través de las imágenes, los discursos públicos y los textos en medios de comunicación, se promueven acciones vandálicas, las evidencias y expectativas de desorden y corrupción son mayores, la movilización social es provocadora, irrespetuosa e intolerante, indudablemente, todo ello, se sintetizará en un aumento de la percepción de inseguridad ciudadana que proyectará su imagen en el país y la mostrará internacionalmente. No es un motivo estrictamente delictivo, sino fundamentalmente político, pero, a fin de cuentas, dado que es indivisible e inseparable en su dimensión humana, tiene similar efecto en el comportamiento social.

Todos los actores involucrados en este nuevo proceso histórico que se abre en el 2011, algunos más que otros por su ineludible responsabilidad, somos responsables de hacerlo seguro, confiable y respetuoso: el estado, el gobierno, el Consejo Supremo Electoral, los partidos políticos, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, los generadores de opinión, nosotros los ciudadanos…