EXCLUSIÓN, VIOLENCIA Y CÁRCELES EN CENTROAMÉRICA
Las cárceles de Centroamérica muestran la fragilidad institucional, concentran la egoísta exclusión y la cruda pobreza material y social. Presentan abandono, hacinamiento, insalubridad, inseguridad, violencia y riesgo creciente, condiciones infrahumanas y un panorama desolador que confirma lo escrito por Graham Greene: “no dejan ningún sentido intacto”. Evidentemente: no son solución, agravan el problema. Es necesario buscar opciones distintas, regímenes abiertos, obligaciones de trabajo productivo o comunitario de quienes cometan delitos y principalmente, priorizar la prevención para no llenar los penales y promover una efectiva reducación y reinserción a los privados de libertad. La detención debe ser única y exclusivamente una medida de excepción.
En 2001 (ILANUD) las penitenciarias de Centroamérica concentraban a 51 mil privados de libertad, reconociendo con preocupación el hacinamiento, la insalubridad e inseguridad prevaleciente. Diez años después, según diversas fuentes, la población penal creció en 24%, llegando a 64 mil detenidos sin que se hubieran construido apropiadas y nuevas instalaciones. La infraestructura y los métodos penitenciarios están en crisis. Muestras evidentes son la tragedia en la cárcel de Comayagua (14/2/2012), Honduras, con trescientos sesenta muertos; frecuentes asonadas y asesinatos en cárceles de Guatemala y El Salvador, delitos que desde la prisión ejecutan, ocasionales protestas y violencia en penitenciarías de Nicaragua, C. Rica y Panamá.
El Informe de Desarrollo Humano de C.A. sobre Seguridad Ciudadana 2009 – 2010, registra en Honduras el mayor porcentaje de reos sin condena (79%), seguido de Panamá (53%), Guatemala (51%) y El Salvador (32%). En Nicaragua la proporción se redujo con el Código Procesal Penal a 21%, similar a Costa Rica y Belice. El hacinamiento es extremo en El Salvador (132%) y Panamá (53%). En Honduras 39% y Nicaragua 33%, por encima de Costa Rica (30%) y Guatemala (12%). El SP de Nicaragua, a pesar de su déficit, es calificado positivamente en la región.
Los datos anteriores son insuficientes para entender la gravedad del problema por cuanto corresponden únicamente a los reos dentro de los sistemas penitenciarios. Hay que agregar la detención policial, es decir las personas detenidas por la policía y que permanecen privadas de libertad, en espera del proceso penal, en las celdas policiales preventivas o bartolinas. Según la monografía nacional (www.pnud.gob.ni): “Seguridad ciudadana 1998 – 2010. Nicaragua: Riesgos, retos y oportunidades” (ag. 2011), solamente el 16% de detenidos por la Policía llega al Sistema Penitenciario Nacional. La Policía captura en promedio (últimos tres años), a 45 mil personas, 95% son hombres y 5% mujeres, el 50% de veinticinco años o menos. El congestionamiento en las cárceles policiales en Nicaragua y El Salvador es mayor que el de sus sistemas penitenciarios, además, son “bartolinas” no habilitadas para internar personas por largo periodo. Permanecen allí por carencia de espacio en los penales, insuficientes medios para trasladar a los detenidos a las audiencias judiciales y falta de resolución judicial para remitirlos a prisión. Por la fuerza de los hechos los locales “de detención preventiva” provisional son en cárceles de uso prolongado, sin estar adecuadas para tal fin, sin condiciones de seguridad, infraestructura y presupuesto.
Valorando la cantidad de recluidos en los sistemas penitenciarios y en celdas policiales, es posible que los detenidos en Centroamérica asciendan a 350 mil personas cada año, siendo alto el número de privados de libertad. Muchas detenciones son ineficaces por investigación insuficiente, miedo de las victimas o improvisación del sistema coercitivo. ¿Quién dice que llenando las cárceles se soluciona la inseguridad? La realidad demuestra lo contrario, se agrava el problema social y de exclusión, aumenta el resentimiento; los detenidos, al carecerse de efectivos programas de reeducación e inserción, salen con nuevas mañas, rechazo y odio, destruida su autoestima y frustrados; se manifestarán con violencia, la reincidencia aumenta, las prisiones están matando y aniquilando a los excluidos. Sabemos que “la justicia es una serpiente que solo muerde los pies descalzos”.
Las cárceles, son una especie de basurero que nadie se preocupa por arreglar, acumulan los desperdicios sociales, lo que no se quiere y tira, lo que, al carecer de influencia política y económica, es irremediablemente recluido. Son realmente pocos los que se vinculan al crimen organizado nacional o transnacional (10%), la mayoría son delincuentes comunes, de origen humilde, lamentablemente descompuestos o simplemente olvidados, silenciados, o erróneamente capturados, muchos ignorantes del “estado de derecho” y ajenos al proceso penal impuesto. En algunos sistemas penitenciarios, como Guatemala (2006), el Estado renunció irresponsablemente a su obligación al ceder parte de su deber a “comités de reos” quienes traficaban con beneficios y espacios ante la complacencia y complicidad de funcionarios penitenciarios.
La sociedad injusta y el poder autoritario y excluyente reproducen distorsiones, atrofian al individuo, incentivan los vicios, el consumo y degradan, después la misma que los produce, se ensaña en sus víctimas y siente asco por ellas, sus propios desechos.
POBLACION PENITENCIARIA (fuente ILANUD, otras)
