SEIS PROPUESTAS GENERALES Y SEIS METAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

Comparto la propuesta para la seguridad ciudadana que incluimos en el estudio (PNUD, 2011): “Seguridad Ciudadana 1998 – 2010, Nicaragua: riesgos, retos y oportunidades”. En ella se precisan seis propuestas generales y seis metas a considerar desde el Estado, la sociedad y las familias para preservar las ventajas comparativas en la convivencia cotidiana del país. Es importante promover valores culturales y tradicionales de los nicaragüenses, característicos del comportamiento social de solidaridad, hospitalidad y comunicación. Conocernos y apoyarnos desde el vecindario, como ha sido siempre; no permitamos que, como consecuencia indeseable del crecimiento urbano y la globalización en un contexto de desigualdad y pobreza, surja la incomunicación, la indiferencia y que los miedos nos encierren en cárceles hechas a la medida de cada quien. Algunas propuestas y metas fueron asumidas en el Plan de Desarrollo Humano del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, son parte del modelo policial nicaragüense y posiblemente se incluyan en la planificación estratégica. Es bueno que los(as) nicaragüenses reflexionemos sobre ello y asumamos lo que nos compete:

1. Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana mediante la participación social desde lo local y disposición institucional adaptada a las demandas diferenciadas, la prevención e incidencia sobre la causalidad y no solo sobre sus efectos visibles, así como el abordaje de la violencia en correspondencia a los niveles de riesgo considerando edad, género, ubicación territorial, origen étnico y posición socioeconómica. Política pública inclusiva, de largo plazo e integral que identifique que hay muchas inseguridades, diferentes percepciones y temores, distintas respuestas y capacidades institucionales, que fortalezca solidaridad, tolerancia, diálogo, solución pacífica de los conflictos, apoyo a los grupos vulnerables y reducción de factores de riesgo.
2. Política Criminal que articule las capacidades coercitivas del Estado en el marco de los derechos humanos y el Estado de Derecho. La administración oportuna de los conflictos de la interrelación social contribuye a la convivencia y la prevención. Se requiere establecer prioridades en la investigación de delitos, coordinaciones, metodologías especializadas para investigar casos complejos, procedimientos sumarios para casos menos relevantes, atención diferenciada a víctimas, protección a testigos, reducación penitenciaria, utilizar la detención como medida de excepción y aplicar medidas alternativas a la privación de libertad.

III. Fortalecimiento institucional para el acceso a la seguridad y la justicia: es de ineludible responsabilidad del Estado proporcionar a los ciudadanos seguridad. Ello requiere: desempeño profesional de sus funcionarios dentro de una carrera de servicio estable basada en eficacia y profesionalismo, simplificación de procesos, servicio descentralizado y accesible, manejo transparente de la información y la gestión pública, promoción de participación y control interno y social.

1. Participación social en prevención de violencia criminal y fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Identificar formas de participación social en la prevención de la violencia que no sustituya el rol institucional y actúe sobre las causas criminológicas. La comunidad puede ejercer una efectiva auditoría social sobre las entidades de la seguridad pública e identificar sus necesidades para demandar la incidencia institucional.
2. Fortalecimiento de la capacidad territorial diferenciada. Abordaje de la prevención de la violencia y la incidencia desde el liderazgo local. Fortalecer el enfoque de policía comunitaria proactiva y los planes de seguridad integrados a los planes de desarrollo municipal.
3. Observatorio interinstitucional de la violencia criminal. Establecer valoraciones cuantitativas y cualitativas sobre el fenómeno delictivo, diferenciando el riesgo en correspondencia a la edad, sexo, territorio y posición socioeconómica.

Son metas a asumir para el corto y mediano plazo:

• Contener incremento de las tasas delictivas y aspirar a los niveles existentes a principio de la década del dos mil, principalmente de los delitos graves como el homicidio y el robo con intimidación,

• Mejorar percepción de seguridad y confianza hacia las instituciones de la seguridad y la justicia mediante la respuesta eficaz, comunicación, información, educación, actuación transparente, participación y vinculación comunitaria,

• Disminuir victimización general, principalmente contra mujeres, niños y niñas.

• Reducir cifra oscura y promover la denuncia, simplificando los procedimientos, acercar los servicios, mejorar la confianza y la respuesta.

• Reducir consumo de drogas entre los jóvenes en barrios y escuelas, regular el consumo de licor y desestimular el uso de armas de fuego.

• Mejorar atención a víctimas, testigos y detenidos, y la efectividad policial, fiscal y judicial ante los delitos, particularmente los más graves y de mayor impacto.

La seguridad no es un estado alcanzado e inalterable, es un derecho humano a preservar y actualizar con equidad desde las instituciones y la sociedad. Tendremos la seguridad ciudadana posible que los nicaragüenses podamos construir y preservar más allá de nuestras diferencias.