Negocio de violencia e inseguridad
Algunas economías se acomodan a la violencia y a la inseguridad. Parte del Producto Interno Bruto proviene de negocios lícitos e ilícitos relacionados a estos dos problemas sociales y humanos que se vuelven más complejos. Se incluyen en el presupuesto nacional ¿Cuánta Población Económicamente Activa se “ocupa”, formal e informalmente en ello?
Violencia e inseguridad generan negocios y empleos, el riesgo y el miedo mueve recursos económicos, traen “beneficios diversos”, los costos o pérdidas de unos son ganancias de otros. No me refiero sólo a empresas de seguridad, a las que comercializan alarmas, cercas eléctricas y armas de fuego, muchos son comercios lícitos que pagan sus obligaciones fiscales y asumen las laborales –algunas las evaden pagando menos del salario mínimo-, sino también a otros formales como funerarias, servicios médicos, comunicación, comercializadoras de diversos artículos, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e internacionales cuyo oficio es estudiar o incidir en el problema, etc. Los particulares ante el temor y el riesgo real y percibido, personal, familiar y del negocio, incurren en gastos.
Las primeras planas de los periódicos en Guatemala, Honduras y El Salvador, algunas veces también en Nicaragua y Costa Rica, destacan la violencia. Llevan recuento diario de muertos, masacres y atracos. Es la noticia que vende, la que el público quiere. Hace dos años en un noticiero de El Salvador, -cuando estaba vigente la tregua entre pandillas; bajó frecuencia diaria de homicidios de 12 a 4-, la periodista preguntó a un empresario: “¿Cómo está su negocio?” Él respondió: “últimamente va de mal en peor”, su empresa era una funeraria –lo que para la población era afortunado-, para él –y otros (¿?)- era “lamentable”, lo amenazaba la “quiebra”.
Parte del presupuesto público se destina para atender la violencia e inseguridad: el gasto policial, penal, penitenciario, salud, etc. Las sociedades necesitan una Policía que contribuya, en condiciones normales, al cumplimiento de la ley y a la convivencia. Cuando la violencia aumenta, los cuerpos policiales crecen, requieren más personal, consumen más recursos, adquieren mayor beligerancia y poder. Por ejemplo, en El Salvador hay 28 mil en la Policía Nacional Civil, el país tiene la segunda tasa de homicidios más alta de Centroamérica (62 x 100 mil hab., 2014) y un grave problema de pandillas, si esa violencia no existiera, requeriría, según su población y extensión territorial, la mitad de ese personal. En Colombia la fuerza policial es 167 mil, si la violencia fuera “normal”, con tasa de homicidios menor a 10, sin guerrilla ni carteles, la Policía podría ser del 60%. Algo similar sucederá con las fuerzas armadas colombianas que asumen funciones de seguridad pública.
Los pandilleros, los integrantes de mafias y diversas formas del crimen organizado, de corrupción, contrabando, etc., hacen de la violencia, de la transgresión a la ley y la evasión el “modus vivendis”, se acomodan (o preservan) al entorno para obtener dinero, muchos pierden capacidad para hacer otra cosa, justifican sus comportamientos delictivos, llevan a la corrupción pública y privada. La sociedad los reproduce. Matar, robar, extorsionar, utilizar el tráfico de influencias, sustraer recursos públicos…, con ello subsisten, incrementa riqueza y/o poder, la conciencia contaminada lleva a la insensibilidad y a la incapacidad de comprender…
¿Cuánto de la economía formal y subterránea en Centroamérica se relaciona directa o indirectamente a violencia e inseguridad? Si lo calculamos nos sorprendemos. La violencia tiene causas estructurales, el funcionamiento económico, social y cultural la reproduce; se convive con la violencia en distinto grado, se vuelve rígida y parte de la dinámica social interna.
La violencia más costosa es la que ocurre y no se evita. Un Estado discapacitado por baja capacidad económica y de gestión, por tasa tributaria menor al 20% del PIB (en C.A. es la menor de A.L.: 17%; sólo Costa Rica supera ese nivel: 21%; Guatemala 11%, Honduras 14%, El Salvador y Nicaragua 15%) no enfrentará con eficacia: salud, educación, seguridad y justicia pública, estará limitado para regular y facilitar, prevenir y proteger, para impulsar equidad y reducir exclusión –causa de todas las violencias-. Se volverá instrumento vulnerable de grupos delictivos, económicos o políticos, perderá de vista el bien común, su fin único.
