Pacto contra exclusión y violencia de pandillas
Problemas complejos que se han venido asentando durante muchos años, desde hace más de tres décadas, requieren abordajes integrales sustentados en el consenso político-social básico sin excluir a los actores claves.
El Salvador necesita un “nuevo acuerdo de paz social”, no para terminar “la guerra”, porque el fenómeno actual “no puede ser visto como guerra”, tiene naturaleza totalmente distinta: es la descomposición e inadaptación de un grupo poblacional diluido en el territorio urbano y rural, víctima de triple exclusión, que genera violencia delictiva grave. Un “pacto social”, para reconstruir las relaciones de convivencia que el conflicto armado, la exclusión, la confrontación, la masiva inmigración, el abordaje parcial-coercitivo-reactivo del Estado y la actual violencia delictiva, han afectado.
Si aceptamos que el origen de la pandillas salvadoreñas es por la triple exclusión sufrida por amplios grupos vulnerables (afectados por el conflicto armado y la represión del ochenta, desarraigados del entorno urbano y rural y obligados al “exilio”, excluidos de donde buscaron refugio: marginados y deportados, y para colmo, no acogidos en su retorno forzado al propio territorio, re-excluidos de su “identidad nacional”), la solución al problema requiere inmediatos planes socioeconómicos y culturales a gran escala para recuperar el sentido de pertenencia de las poblaciones marginadas que han acumulado profunda desconfianza al sistema.
Ello parte de una nueva visión del Estado, de un plan de nación en la diversidad y heterogeneidad, considerando la “discriminación positiva” para reducir la marginalidad política, económica y social, insostenible y perversa.
Un punto inicial fundamental, lo que debería ser la esencia del “acuerdo de paz social”, que es un pacto político, parte por asumir un enfoque compartido de la naturaleza del fenómeno, para asumir como Estado consensos para la acción integral y sostenible. Requiere ser eje de la agenda común que trascienda a la actual gestión pública.
El énfasis hacia el desarrollo equitativo y la prevención social y comunitaria, debería ser complementado con una efectiva investigación policial y del sistema de justicia penal para reducir la impunidad por los delitos graves que se cometen, principalmente homicidios, lo que se ha convertido en incentivo de la violencia que no identifica culpas a pagar ante la sociedad y el Estado, porque las instituciones han limitado su capacidad de demostrar y exigir responsabilidades penales y civiles a los autores de la violencia delictiva directa.
Los principales instrumentos estatales para la seguridad ciudadana requieren una visión compartida, superar la fragmentación organizativa y por diferencias de criterios operativos y políticos, fortalecer la congruencia con políticas estatales de prevención comunitaria que debería ser el eje alrededor del cual se articula la acción estatal. Las políticas de mano dura, no solo han fracasado, son parte de las causas que agravaron el fenómeno en sus manifestaciones actuales. La represión indiscriminada a partir de estigmatizar aumenta el resentimiento y suma adeptos desde la marginalidad.
Muchos homicidios se provocan por conflicto entre pandillas, por control del territorio, por el cobro y no pago de la “renta”, por el consumo de drogas y rencillas personales. Enfrentan al poder, confrontan la ley; su violencia inescrupulosa y anárquica, escala en correspondencia a la “violencia oficial o represión institucional” que se ejecuta o percibe, en la profunda descomposición psicosocial que habitan, los une la exclusión.
Si la policía reprime, ellos matan y enfrentan, si el sistema penal endurece acciones, ellos responden con violencia, infiltrados en la base social marginal de la que son parte, obstaculizan el funcionamiento de la sociedad instaurada de la que se sienten ajenos, del transporte de personas, los camiones repartidores, los negocios, la libre movilización… Amenazan, lesionan y destruyen, siembran zozobra, agregan integrantes, inciden en escuelas, mercados, rutas de buses y vías públicas, se involucran en comercio de drogas y armas, participan de otros delitos.
Es fundamental reducir el vínculo que estos grupos con carteles del crimen organizado que buscan expandir el “negocio”, pero son fenómenos de naturaleza distinta. Al crimen organizado nacional y transnacional hay que enfrentarlo con inteligencia, grupos especializados y coordinaciones internacionales, para romper suministros y dificultar el usufructo de los beneficios económicos que es el propósito de su actividad delictiva.
“La tregua fue satanizada”. Las pandillas han entrado en un proceso de agotamiento del ciclo social. Ello puede generar en los estertores de su crisis, más violencia y prolongarse, podrían redimensionarse con rasgos de “cartel o mafia criminal” -menos masiva pero peligrosa-, o ser la oportunidad para transformarse “con una escalera para que bajen”, ahorrando a los salvadoreños más muertes.
Un “pacto social” con “acuerdo, tregua o suspensión de violencia” para iniciar el fin del complejo fenómeno socio-delictivo, evitará miles de víctimas en búsqueda de “salud social”. Habrá inconformes que seguirán delinquiendo y dañando. Así como la “grave enfermedad” que aqueja a El Salvador se fraguó en varias décadas, el restablecimiento de un escenario de “efectiva paz y seguridad”, con “niveles normales de violencia”, requerirá compromiso no menor a diez años a partir del consenso posible.
