Managua, 6/11/2018

El Salvador, Honduras y Guatemala continúan presentando tasas de homicidios extremas que ubican a la región en un elevado riesgo objetivo por la delincuencia de pandillas o maras, el crimen organizado y los conflictos de convivencia. A pesar que la violencia sigue siendo extrema, durante los últimos cinco años se redujo de manera relevante. Continúa generando miles de víctimas fatales, incrementa los costos de seguridad, estanca el desarrollo económico y social, provoca desintegración familiar y alta movilidad humana llevando a miles de personas a abandonar sus lugares y países de origen. Lo anterior ocurre, a pesar de los esfuerzos institucionales, frente a la fragilidad estatal para atender a los sectores vulnerables e impulsar reformas económicas y políticas estructurales, enfrentar con efectividad la prevención y represión penal para reducir la impunidad prevaleciente. Un síntoma de deterioro es la limitación de los estados para frenar las caravanas de casi diez mil personas que salió de Honduras y a la que se agregaron personas principalmente de El Salvador y Guatemala, ciudadanos que huyen de la violencia delictiva, en busca de oportunidades, de empleo y para unirse a sus familias en Estados Unidos, como consecuencia de la migración de las últimas cuatro décadas. La situación plantea un complejo panorama político, de seguridad y humanitario, que exacerba el conflicto en la relación con el gobierno norteamericano, para quien: migración ilegal, narcotráfico, crimen organizado y terrorismo son considerados preocupaciones principales que amenazan la seguridad e intereses de la potencia del norte.

Proyección de homicidios en Centroamérica 2018

Fuentes oficiales; estimaciones de fjbautista (octubre 2018)

El 84% (11,298) de las 13,371 víctimas de homicidios con las que Centroamérica cerrará el año serán, lamentablemente, en Guatemala (4,302), Honduras (3,583) y El Salvador (3,413); países que representan 67% de la población centroamericana.  El Salvador tiene la tasa de homicidios más alta (55 x 100 mil hab.), seguido de Honduras (38), Belice (37) y Guatemala (25).

El segundo grupo de países, el sur de Centroamérica: Nicaragua, Costa Rica y Panamá, registrará el 16% (1,702) de las muertes. Presenta condiciones de seguridad ciudadana mejores, aunque todas por encima de 10 x 100 mil habitantes, nivel sobre el cual la OMS considera el problema epidémico. Nicaragua venía reduciendo la actividad delictiva de manera sostenida desde 2010, observará en 2018 un incremento con respecto a 2017: pasará de 7 a 10 homicidios por 100 mil hab., 1 de cada 3 víctimas fueron provocadas por la violencia desencadenada entre abril y julio 2018. Costa Rica ha observado aumento constante durante la última década, pasó de 6 a 12 homicidios por 100 mil hab. La tendencia en Panamá es disminución en los últimos años, pasará de una tasa cercana a 20 a 11.

Los sucesos en Nicaragua, que de una protesta por la reforma social pasaron a una violenta demanda no cívica por sacar al gobierno legítimo, -por sus características puede categorizarse como fallido golpe de estado-, alteraron la favorable situación de seguridad ciudadana, la estabilidad y crecimiento económico social que redujo la pobreza. Aún así, la seguridad ciudadana, entendida como “riesgo a ser víctima de un delito cualquiera”, tendrá la tasa de homicidios –indicador objetivo más aceptado-, más baja (10 x 100 mil hab.), utilizando el resultado esperado, aunque podría llegar a lo sumo a 11 x 100 mil hab., similar a Panamá y menor que Costa Rica.

El conflicto, aunque desencadenó inusuales hechos delictivos, actos terroristas que sembraron caos y anarquía en algunos lugares, activó comportamientos agresivos, provocó destrucción de bienes públicos y privados, afectó la confianza e incrementó la inseguridad, no tiene “causalidad delincuencial”, aunque existe responsabilidad penal por las consecuencias de los actos.

Más allá del riesgo objetivo, en Centroamérica se ha incrementado la percepción de riesgo subjetivo, es decir, el temor o sentimiento de inseguridad continúa alto, a pesar de la reducción de violencia delictiva en Guatemala, Honduras y El Salvador en los últimos años. También es alta la percepción de inseguridad en Costa Rica y Nicaragua en 2018, este último agravada por la referida asonada, la manipulación de información en redes sociales y medios tradicionales, a través de diversos sectores y organismos interesados en exacerbar la crisis con propósitos políticos y exógenos, para influir en las emociones con noticias o imágenes alteradas o falsas. En todos los países, la brecha entre realidad de hechos delictivos que ocurren, -registrados o no-, (objetiva) y la percepción-sensación-temor (inseguridad subjetiva), es alta y creciente.

El reto del estado, la sociedad y el sector privado de Centroamérica es construir confianza y prosperidad, restablecer la convivencia comunitaria, respetar las “reglas del juego cívico y democrático”, promover la cultura de paz que abone por la solución pacifica de los conflictos, fortalecer la institucionalidad con equidad y solidaridad social, atender a los sectores vulnerables, impulsar reformas estructurales en el ámbito fiscal, del gasto y la inversión pública, la seguridad social, promover transparencia política, privada, y en la gestión pública.

La seguridad ciudadana es multicausal, no es consecuencia única de la acción policial y penal, aunque el estado está obligado, en el marco del estado de derecho y de los derechos humanos, a actuar para reducir la impunidad, preservar la seguridad, el orden y la convivencia, como escenario favorable y necesario para el desarrollo económico, social y político.

Centroamérica debería trabajar para profundizar su proceso de integración social, económico, político y de seguridad, por su autodeterminación, para aprovechar su capacidad comunitaria en la solución de sus problemas comunes, propiciar y negociar con criterio articulado el fortalecimiento nacional y regional en el concierto de naciones, superando vicios localistas, cortoplacistas y oportunistas, sin responder a intereses externos que atentan contra el desarrollo integral y sostenible de nuestros pueblos.