Managua, 15 de junio de 2019

 

Es conocido a nivel nacional e internacional, desde distintas fuentes oficiales y no oficiales, la situación de la seguridad ciudadana que Nicaragua ha presentado, particularmente entre los años 2012 y 2017, los mejores indicadores regionales en Centroamérica, y uno de los más favorables de América Latina. Mostraremos algunos indicadores de los últimos tres años, incluyendo la proyección de lo esperado en 2019, partiendo del óptimo antecedente de 2017, -antes de la crisis de abril y julio 2018-.

 

Lo ocurrido en 2018, desde el punto de vista de seguridad ciudadana, del riesgo de la violencia delictiva, fue una situación inesperada, extraordinaria y temporal que no obedece a una tendencia del comportamiento, por lo tanto, no es sostenible después de restablecerse el orden público, los indicadores confirman la recuperación evidente en 2019.

 

Hubo alteración efectiva a la seguridad objetiva y a la percepción de seguridad durante 2018. Algunos datos relevantes en esos tres años, es que, a partir de la tasa de homicidios, -el delito considerado más objetivo para medir el riesgo de seguridad o inseguridad en un país-, pasó de 6.9 en 2017, a 10.8 (56% de incremento) en 2018 y, según estimaciones, a partir de las cifras a julio 2019, es posible que al concluir el año dicha tasa vuelva a 8.4 x 100 mil habitantes, lo que pasaría a ser la más baja de Centroamérica, y se confirma como una de las cuatro más bajas de América Latina.

 

Proyección homicidios Centroamérica 2019

País	Homicidios proyectados 2019	Tasa x 100 mil hab.
Nicaragua	540	8.4
Panamá	405	9.7
Costa Rica	520	10.7
Guatemala	4660	26
Honduras	3124	34
El Salvador	2964	45

Fuente: ministerios de seguridad y justicia, policías y fiscalías de C.A.

 

Es reducción de 22% respecto a 2018, en términos absolutos cuando fueron 682 víctimas fatales, entre ellas las provocadas por el conflicto abril-julio 2018; y en 2019, la cantidad proyectada ascenderá a 540 víctimas, la tasa será 8.4 por 100 mil habitantes; en 2017 fue 6.9. Es un dato relevante y sólido, la tasa de homicidios es la medición objetiva más aceptada a nivel internacional, el primer indicador de Naciones Unidas para valorar la seguridad de un país.

 

Hay otro delito clave para medir el nivel de riesgo y violencia, es el robo con intimidación o robo agravado, donde el autor se apropia indebidamente de un bien ajeno utilizando violencia contra las víctimas, ya sea con arma de fuego, cuchillo, objetos contundentes o fuerza física, es un delito que afecta a la persona humana, no solo a la propiedad. La cifra oscura de este tipo penal suele ser menor, no es casi cero como la tasa de homicidios, pero es baja.

 

Dicho indicador en Nicaragua 2017 fue: 49 robos con intimidación por cada 100 mil habitantes; en 2018 subió 27% y pasó a 62 por 100 mil habitantes; y en 2019, la expectativa es que llegará a 75 por 100 mil habitantes, un incremento de 20% con respecto al año anterior.

 

Aquí tenemos un fenómeno que llama la atención: aunque existe reducción significativa en la tasa de homicidios volviendo a los bajos niveles de violencia de años anteriores, el robo con intimidación presenta incremento. Trataremos de buscar algunas explicaciones.

 

El otro indicador a compartir es: denuncias totales. Los ciudadanos por lo general recurren a la policía (95%) para interponer sus denuncias por faltas penales y delitos. La denuncia en 2017 ascendió a 80,092 hechos, sin embargo, en 2018, bajó 14%, en términos de tasa pasó de 1,282 denuncias por cada 100 mil habitantes, a 1,099. En 2019 se espera que se incremente 42%, la tasa será 1,557. Esto no debería ser objeto de preocupación porque la magnitud de la denuncia está vinculada a la “cifra oscura”, o “no denuncia”. En 2017, la denuncia era entre 50% – 60%, es decir, por cada 100 delitos ocurridos, aproximadamente 50 – 60 no se denunciaban, normalmente son faltas y delitos menores que las personas no reportan por desconfianza, temor, falta de tiempo o porque no le dieron importancia.

 

Evidentemente, en 2018, ante la inusual violencia observada y el incremento de la tasa de homicidio, la denuncia se redujo por impunidad y desconfianza, no por “no ocurrencia” de hechos: la cifra oscura aumentó. Sin embargo, en 2019, se volvió a incrementar, hay posible reducción de la cifra oscura y se recupera la capacidad institucional para captar denuncias. No necesariamente significa que haya más hechos, sino que los hechos se están denunciando más, el sistema en general se estabiliza después de los sucesos de 2018.

 

NICARAGUA DENUNCIAS Y DELITOS GRAVES

Año	Homicidios	Robo con intimidación	Tasa homicidio x 100 mil hab.	Tasa rci x 100 mil hab.	Denuncias delitos y faltas	Tasa denuncias x 100 mil hab.
2017	431	3,056	6.9	48.9	80,092	1,283
2018	682	3,984	10.8	62.1	70,521	1,099
2019	540	4,745	8.4	74.8	99,010	1,557

Año 2019: a partir resultados a 31.7.2019 – Datos Policía Nacional Nicaragua; estimación fjbautista

 

Una afirmación obvia es que se incrementó el riesgo objetivo en 2018: hay más hechos delictivos, más robos con intimidación, subieron los homicidios, aunque bajaron al restablecerse el orden público; volvieron los niveles históricos de seguridad ciudadana.  En 2019 aumentan las denuncias, mejoró la capacidad institucional y ocurre reducción de la “cifra oscura”.

 

¿Por qué el riesgo objetivo subió? Enumeremos varios elementos:

 

En primer lugar, el fenómeno ocurrido fue un intento de romper el orden constitucional, utilizando la violencia delictiva para alterar el orden público, eso genera comportamientos que desencadenan actitudes delictivas, es actitud de desacato, de violencia inusual que provoca conductas antisociales que afectan la seguridad ciudadana. Fueron manipulados y exacerbados comportamientos antisociales para fines políticos.

 

Un segundo elemento, es que, ante la ocurrencia de los hechos y la limitación de la policía para enfrentar el inesperado conflicto, la entidad policial es inicialmente rebasada, por lo tanto, las instituciones policiales y penales tienen limitada capacidad de actuar, investigar, aclarar y resolver los hechos delictivos, por lo tanto, se produce un problema de impunidad. Incluso, la Amnistía recientemente aprobada, aunque es una acción legítima del estado, de naturaleza política-jurídica que persigue un camino al entendimiento y a la reconciliación, también, de alguna forma, es impunidad y podría generar comportamientos delictivos si no se asume lo mandado para los beneficiados: “no repetición”.

 

Hay un tercer factor: desconfianza social e institucional, se pone en relieve durante 2018, eso trae aumento de la “cifra oscura”; posiblemente la “no denuncia” se duplicó con respecto a 2017; es un fenómeno que bajará paulatinamente a medida que se recuperen los niveles de confianza.

 

Otro elemento es que 2019 es un escenario de post conflicto, después de la grave alteración al orden público; aunque el orden público fue restablecido, quedan los remanentes del conflicto (cuyo abordaje debe ser integral: económico, político y social) y no se ajusta de manera inmediata.

 

La capacidad técnica, humana y operativa de la Policía, es rebasada y, por lo tanto, tuvo limitada capacidad para atender la denuncia y la actividad delictiva cotidiana, eso llevó a ciertos niveles de impunidad e inseguridad no atendidos con prontitud ni conocidos.

 

Hay que reconocer que existe tensión entre grupos opositores provocadores (cívicos y no cívicos, fragmentados y orgánicos), y de grupos de apoyo gubernamental lo que afecta las relaciones sociales y genera conflictos que pueden adquirir connotación delictiva, desconfianza e inseguridad, agravada por la manipulación mediática y las redes sociales. Todos esos elementos del escenario público tensionan la convivencia cotidiana y desgastan la acción policial preventiva.

 

Y finalmente, lo ocurrido en 2018 generó daño económico y moral, desocupación, exacerbó resentimientos y odios, y es posible que provoque delitos contra la propiedad por mayor desempleo, actividad económica reducida, que, aunque se logre la recuperación paulatina, queda el mal causado: la escasez de empleo afecta al individuo, la familia y las comunidades. Posiblemente aumenta la pobreza, cuya tendencia de reducción fue muy favorable hasta 2017. Al reducirse el empleo y aumentar la desocupación, pueden producirse conflictos y comportamientos antisociales, durante 2018 y por el efecto post conflicto en 2019.

 

También hay deterioro de la percepción de seguridad, se promueve entre la gente el temor por las noticias falsas o sobredimensionadas, hay brecha creciente entre lo que “realmente ocurre”, -a pesar de la cifra oscura-, y lo que la gente “percibe que ocurre”. Hemos estimado, en diferentes momentos, que la brecha entre lo que ocurre y lo que se percibe pasó de 1.8 en 2017, a un poco más de 3 a fines de 2018 y en el año 2019 que cursamos.

 

La seguridad ciudadana, o el riesgo objetivo, no es homogéneo en el territorio nacional: Managua, con mayor cantidad de habitantes, casi el 30% de la población nacional, registra el 58% de las denuncias totales. Más de la mitad de las denuncias por delitos y faltas son registradas en la capital, donde está casi un tercio de la población nacional viviendo y otro parte importante se moviliza por estudio, trabajo y negocio.

 

En Managua solo ocurre 19% de los homicidios, es decir, más del 80% se registran en el resto del país. Registra 62% de los robos con intimidación, solamente el 40% ocurrieron en el resto del país. Aunque Managua impone una media, la cantidad de homicidios es menor de lo que registra el país y el nivel de denuncias es mayor, quizás porque existe mayor facilidad, mejor acceso a las instancias de denuncia, mayor capacidad para captarlas y la cifra oscura es menor que la de algunos departamentos del interior.

 

Los departamentos con violencia delictiva mayor que el promedio, tasas de homicidio cercanas a 20 por 100 mil habitantes, son históricamente los mismos: Jinotega, Matagalpa, RACS y RACN. Contrario a eso, algunos departamentos de Nicaragua presentan tasas por debajo de la media nacional, son, entre otros: Masaya, Granada, Rivas.

 

Aunque es posible que 2019 concluya con unas 99 mil o un poco más de 100 mil denuncias, lo cual significa que las denuncias habrán crecido en 20% con respecto a 2017, sin embargo, solamente entre 6% y 9% (no más del 10%) de los hechos delictivos, son delitos graves según tipificación del Código Penal. Más del 90% son delitos menores, o faltas penales de poca gravedad: lesiones menores, conflictos cotidianos en vecindarios y familia, y que no tienen consecuencia grave en la vida e integridad de las personas.

 

La conclusión que podríamos llegar a partir de estas cifras, valoradas a partir del año 2017, es que Nicaragua tenía óptimas condiciones de seguridad ciudadana que fueron afectadas en 2018, principalmente en la tasa de homicidios y en la violencia general urbana que se desató y provocó confrontación, y cuyos efectos todavía se observan en 2019: hay incremento de robos con intimidación, pero el delito más grave, el homicidio, observa reducción significativa llegando a los niveles históricos bajos.

 

Si Nicaragua concluye 2019 con tasa de homicidios de 8.4 por 100 mil habitantes, será nuevamente el país con el menor índice delictivo de Centroamérica. En 2018, fue la segunda menor después de Panamá. Es un resultado satisfactorio. Lo cual confirma que el desencadenamiento de la violencia delictiva ocurrida en Nicaragua, fue temporal y circunstancial, no obedecía a una violencia delictiva crónica y epidémica como la que se observa en el norte de Centroamérica que es imposible modificar en el corto plazo. Precisamente porque no existía esa tendencia rígida, ha sido revertida, y permite recuperar las condiciones de seguridad ciudadana más favorables de la región para desarrollar la actividad social, económica, cultural, productiva, turística, de manera próspera y solidaria, y esperamos que estas condiciones no sean alteradas por conflictos políticos que actúen al margen del marco constitucional, y prevalezca la tolerancia y la convivencia entre los nicaragüenses de buena voluntad por el bien común.