SEGURIDAD CIUDADANA en Nicaragua: patrimonio del bien común

– A la memoria del Dr. Francisco Rosales, magistrado, jurista y maestro-

“El Estado nicaragüense reconoce a la persona, la familia y la comunidad como el origen

y el fin de su actividad, y está organizado para asegurar el bien común, asumiendo la tarea

de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses…”.

Constitución Política de la República Nicaragua (arto. 4).

La encuesta de M & R Consultores, presentada el 25 de mayo del corriente año, muestra que el “servicio de seguridad pública” es calificado por los entrevistados con el 72% de satisfacción social y 19.2% de insatisfacción. Coincidente con lo anterior, el 62.3% percibe que hay más seguridad y 10.1% que se mantiene. Fue, junto al estado de las carreteras (79%), los servicios de energía eléctrica domiciliar (77.7%), agua potable (77.1%) y transporte interurbano (77%) los mejor valorados.

El índice de victimización directa por robo y agresión física, identifica que 5.1% de las personas han sido víctimas de algún hecho delictivo durante los últimos seis meses, señalan el robo con intimidación (que suele ocurrir en las calles) y el robo en hogares como los mas frecuentes.  Lo anterior significa que 51 de cada 1000 personas en Nicaragua, dicen, -aunque no lo hayan denunciado-, haber sido afectados por un robo de cualquier tipo o alguna agresión física –tal y como cada quien la percibe y define- durante el último medio año.  Según datos de la policía los delitos de robo y las agresiones físicas en general representan en 2019 y 2020 el 21 % de las denuncias totales. La victimización directa anual general se estima entre 14 – 16% en los últimos años.

En mayo de 2020 una encuesta de Cid Gallup observó que la “percepción ciudadana al crimen y la delincuencia”, con respecto a 2019, mejoró al pasar de 49% a 47%, hubo un 19% que sintió que la seguridad había mejorado. Es evidente que el impacto por sus violentos sucesos de 2018, además de los graves daños humanos y materiales ocasionados, generó mayor percepción de riesgo e inseguridad, que, al haber sido provocada por factores externos y temporales que exacerbaron y pretendieron fracturar la vida social y política, fue modificada y restablecida en el corto plazo. Las medidas socio institucionales implementadas por la pandemia del Covid conforme a la realidad nacional no exacerbaron el miedo, no paralizaron el país ni impusieron confinamiento, permitieron impulsar la prevención y atención activa a la salud desde un modelo comunitario, preventivo y solidario. En la percepción de seguridad de los individuos y los colectivos humanos se integran inseparablemente el conjunto de riesgos, temores y percepciones sociales. Es posible que el sentimiento de inseguridad y el riesgo objetivo de ser víctima en 2021 continúe disminuyendo por el restablecimiento del ambiente de convivencia, la reactivación creciente cultural, recreativa, social, económica y de movilidad. Incluso en un año electoral, debido a mayor despliegue policial y movilización social y política, -según datos de las últimas tres décadas-, no se manifiesta en más violencia delictiva.

El indicador para medir la criminalidad más aceptado y objetivo a nivel mundial, la tasa de homicidios, fue en 2018 de 11 por 100 mil habitantes, bajó a 8 en 2019 y continuó disminuyendo en 2020 recuperando los niveles históricos del período 2012-2017 como de los mejores de América Latina. La tasa de homicidios de Centroamérica el año pasado fue de 18.4 casos x 100 mil habitantes, los más bajos fueron Nicaragua (7.7) y Costa Rica (11).

Elaboración a partir de Anuario estadístico PN 2020, otros. *Estimación proyectada fjbautista.

Según la publicación Anuario estadístico 2020, -meritoria edición periódica de la Policía Nacional de Nicaragua de más de tres décadas, única en Centroamérica-, las denuncias por delitos y faltas aumentaron en 2019 con respecto al año anterior en 38.5% (total 97 mil) y en 2020 (total 124 mil) con respecto al 2019 subió 27.5%, de los cuales, en ambos años, aproximadamente 12% son considerados delitos graves y 82% menos graves.  En 2018 la cantidad de denuncias conocidas por la policía tuvo el nivel histórico más bajo (62 mil) debido a las circunstancias ocurridas y superadas, por lo que la cifra oscura por delitos comunes diversos pudo ser la más alta de las últimas dos décadas.

El registro de mayor cantidad de denuncias es positivo porque reduce la cifra oscura o los hechos no conocidos sin que dicho incremento corresponda a más casos graves. Es consecuencia del restablecimiento de la convivencia comunitaria, mayor confianza social en el sistema policial y a la disponibilidad de mecanismos presenciales y virtuales que facilitan a la víctima reportar un caso.

Preservar la seguridad ciudadana requiere tres ámbitos de acción integrados. En primer lugar, la prevención descentralizada desde la comunidad en donde los vecinos y sus organizaciones como ciudadanos son artífices de su propia convivencia activa y saludable, en donde la comunicación y la participación se constituyen en prácticas o hábitos cotidianos en la solución de sus problemas comunes.   En segundo lugar, la gestión pública institucional que con visión política sostenible responde a las necesidades particulares y diferenciadas de la población apoyando su desarrollo integral e identidad socio cultural, atiende a los grupos vulnerables y potencializa las capacidades solidarias y creativas de la comunidad. En tercer lugar, la acción preventiva y coercitiva de los órganos de seguridad pública y justicia, instrumentos del estado de derecho que utilizan los mecanismos legítimos para preservar el bienestar común por encima del interés particular que perturba la convivencia y la paz social.

Uno de los componentes claves del bien común, -propósito y fin fundamental del estado-, que es parte del desarrollo humano de los ciudadanos, junto con la salud y la educación, es la seguridad ciudadana. En Nicaragua, los servicios de seguridad pública articulados con la organización y participación comunitaria, como parte de la acción social e institucional articulada para mejorar las condiciones de vida de la población, constituyen un patrimonio sostenible del bienestar común que el estado y la sociedad deben preservar como condición para el desarrollo integral y equitativo de los nicaragüenses.