LA POLICÍA, INSTRUMENTO DEL PODER POLÍTICO INSTITUCIONAL
En Nicaragua y en cualquiera de los países de nuestro mundo contemporáneo, la Policía Nacional no tiene competencias exclusivamente en la prevención y persecución de los delitos. Existen dos ámbitos más en los cuales, a partir de la doctrina y la historia, del enunciado general de la Constitución Política, artículo 97 y de las funciones enumeradas en la Ley 228 (1996), artículo 3 “De las funciones de la Policía”, sobre los cuales incide legítimamente:
- Ser instrumento del poder político institucional.
- Auxiliar y proteger a toda persona en peligro, ya sea por el riesgo a ser afectada en su vida o propiedad, un accidente de tránsito, un desastre natural o social (inundaciones, huracanes, terremotos, epidemias, otras) o el llamado de urgencia por lo que le genere temor, demandando información, orientación o rescate.
Nos referiremos en este escrito a la primera de las funciones, que parece obvia, pero a veces olvidamos, aunque nunca ha dejado de estar allí. La entidad policial, definida como “un cuerpo armado de naturaleza civil” tiene una fuerza organizada y jerarquizada, que dispone de medios (información, planes, instalaciones, armas, vehículos y técnica policial) y puede actuar y actúa para fortalecer las decisiones y actuaciones instituciones del poder político. El solo hecho que dicha fuerza policial haga, ante un problema o circunstancia social o política, oficial o no oficial, una presencia policial alta, mínima o nula, sobre equipada o no, traslada un mensaje (o una voluntad) de AUTORIDAD ante la opinión pública o las partes en disputa. Ante un conflicto de ribetes privados o públicos, su presencia o actuación enérgica o frágil, inmediata o retardada, flexible o radical, mesurada o excesiva, expresa la voluntad del poder a quien debe responder. Responde a él, no sólo por un mandato expreso sino a partir de un “orden de cosas establecido” y en el cual la policía se inserta o adecua desde su doctrina, educación, organización y practica, para preservarlo.
La policía, independientemente de su “enfoque doctrinal e histórico” y su capacidad para adaptarse a los cambios, que es particular en cada país, como el caso de Nicaragua, donde la Policía surgió como producto de la Revolución Popular Sandinista después del derrocamiento de la Dictadura Somocista en 1979, o en Panamá que se formó después de la intervención militar norteamericana en 1989 o El Salvador, derivada de los Acuerdos de Paz en 1992, es una entidad coercitiva, obligada a hacer uso de la fuerza para “preservar, establecer o restablecer el orden” de conformidad con lo previsto por la ley. ¿Qué cuestiones pueden afectar el llamado “orden” en un país? ¿Quién determina cual es el “orden” que hay que establecer, preservar o cambiar? Está allí la decisión política que suelen tomar las personas al frente de las entidades que controlan el poder político institucional legítimo. El órgano policial no está exento de ser utilizado para actuar, no solo de conformidad a las órdenes judiciales, las cuales está obligado a acatar, sino aquellas disposiciones administrativas provenientes del gobierno y sus entidades de conformidad con sus facultades.
En la Constitución Política se afirma que “La Policía Nacional es profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante”. Su carácter “no deliberante” obliga a una “actuación responsable” que no le excluye de responsabilidad sobre las consecuencias inmediatas y posteriores de sus actos u omisiones en el marco de sus facultades y lo que la ley establezca, aunque deja clara la “obediencia” a quien tenga facultades para ordenarle, estos son: la autoridad judicial en lo que compete a las disposiciones judiciales, la autoridad del fiscal en lo referente a la investigación criminal y la autoridad administrativa o gubernamental de quien depende.
Los límites de ser instrumento del poder político institucional, están en correspondencia de la madurez social y el desarrollo profesional (no únicamente del órgano policial, sino del conjunto de instancias claves del Estado). El grado de utilización de la entidad policial como “instrumento necesario del poder político”, se mantiene en los linderos razonables e indispensables, que es posible lograr cuando la sociedad es activa y organizada, el desarrollo ciudadano con derechos y obligaciones es amplio, las entidades gubernamentales son “profesionales” y la legislación es suficiente y precisa. Quien ostenta el poder está “lleno de tentaciones”, quienes han ostentado el poder político, militar, económico, social y religioso en Nicaragua no “han estado exento de tentaciones” y han, tradicionalmente, tratado de rebasar sus facultades y preservarse. Desde la oposición se critica al gobernante para esperar, con prontitud, cuando se deja de ser oposición, asumir el mismo comportamiento desde la cúpula gubernamental. Dentro de ella, puede usar de la fuerza pública, por encima de sus facultades, como instrumento para imponer, conservar o acrecentar su poder, desacreditar o reducir a otros, cuando los argumentos para persuadir se han quedado vacíos y no se tiene nada más que decir porque no convence. Se puede “calentar innecesariamente” el escenario político-social, “tensar la cuerda” desde la esfera estatal o partidaria para forzar o impedir el uso de la fuerza. Esa fue la historia de conservadores, liberales y sus derivaciones partidarias, durante estos casi de ciento noventa años después de la independencia de Centroamérica y de estos 150 años desde la instauración de la Presidencia de la República con la Constitución de agosto de 1858. Puede seguir siendo nuestra historia por venir.
