DESMILITARIZACIÓN DE LA POLICÍA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA
A partir del triunfo de la Revolución Popular Sandinista de julio de 1979, se separó la función de la Policía de la del Ejército, adscribiéndola al Ministerio del Interior y definiendo formalmente su naturaleza civil. Sin embargo, dado el contexto en el cual surge dicha institución, en la percepción interna y social, se les continúa catalogando como entidades “militares”. La agudización del conflicto armado en la década del ochenta, involucró también al órgano policial en acciones militares, de apoyo e incluyó de manera sistemática en el entrenamiento policial, cursos de formación militar a los funcionarios policiales. El país vivió un “estado de movilización general para la defensa”, la Policía y los órganos del Ministerio del Interior eran considerados parte de las Fuerzas Armadas. A pesar de esa practica, no se desnaturalizó su función técnica policial y continuó fortaleciendo sus mecanismos de capacitación, organizativos, operativos y normativos que en los tiempos actuales se han convertido en bases fundamentales de una institución profesional.
Uno de los objetivos más visibles y explícitos de la reforma policial de la década del noventa en Centroamérica y particularmente en Nicaragua, habiendo concluido el conflicto bélico, fue la “desmilitarización de las fuerzas policíacas y de seguridad pública”, dado que la función policial es de naturaleza esencialmente civil. En Honduras, la Fuerzas de Seguridad Pública era uno de los cuerpos de las Fuerzas Armadas, en los órganos policiales de Guatemala, Honduras y El Salvador, los mandos eran oficiales activos del Ejército. Armamento, medios técnicos y entrenamiento estaban enfocados al enfrentamiento militar, a la lucha “contrainsurgente” más que a la prevención de la violencia criminal. Las unidades policiales se concentraban en grandes contingentes con vida “cuartelaria”. Prevalecía el enfoque de “seguridad nacional”, lo principal la defensa del territorio, del Estado, y no de “seguridad democrática” donde el ciudadano adquiere un rol relevante y activo.
Desmilitarización no es solamente establecer en la ley el “carácter civil de la Policía Nacional”, tal y como fue expresado en Nicaragua (Decreto de 1992, reforma constitucional de 1995, Ley 228 de 1996), implica un conjunto de ajustes organizativos, doctrinales y de la cultura organizacional, modificar los programas de capacitación y formación reduciendo el peso de la formación física, uso de armamento y tácticas militares, fortalecer la descentralización y hacer estructuras policiales más horizontales, cambiar la jerarquía militar por una jerarquía civil disciplinada. Una estructura policial civil, facilita el servicio, la comunicación interna y externa desde el nivel local y la prevención. La historia de los órganos policiales en América Latina llevó a considerar en las reformas la conveniencia de desmilitarizarlos, aunque, como sabemos, en países europeos: Portugal, España, Francia e Italia, han existido tradicionalmente cuerpos de policía militar quienes son socialmente aceptados; en América del Sur prevalecen instituciones policiales militares en Chile y Brasil.
Una encuesta realizada a los miembros de la Policía de Nicaragua en 1999, ante la pregunta sobre si se consideraban militares o civiles, resultó que todavía una cantidad significativa se continuaban autodefiniendo como militares (45%). Desde el punto de vista de la percepción social, la población relaciona así a los miembros de la policía; algunos periodistas en los medios de comunicación suelen decir, al referirme a la Policía Nacional: “el órgano castrense”. Es probable que una buena parte de la vieja generación de policías, los fundadores y quienes vivieron los conflictos de la década del ochenta, continúen hoy percibiéndose, por tradición, como militares a pesar de los enunciados expresos de la ley y las modificaciones organizativas vigentes.
En Nicaragua, durante la década del noventa, el Ejército fue utilizado, conjuntamente con la Policía en planes de “seguridad en el campo”, para “proteger la cosecha de café” o “combatir las bandas delictivas, de rearmados o de abigeato” que afectaban el interior del país. Los ejércitos en la región, desde el nuevo enfoque de la doctrina militar nacional y continental, han sido orientados, para justificar y aprovechar su existencia ante la ausencia de conflictos bélicos en Centroamérica, no sólo a su tradicional rol de “defensa de la soberanía nacional”, sino también a la lucha contra el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado”, aprovechando sus medios aéreos, acuáticos y terrestres. En Guatemala, Honduras y El Salvador, fuerzas militares han sido usadas para patrullar las calles de las ciudades debido a los altos niveles de violencia criminal. Diversas encuestas en Centroamérica justifican en un alto porcentaje el uso de los ejércitos en la “seguridad pública” ante lo que perciben la incapacidad de las “policías civiles” de enfrentar el fenómeno creciente de la violencia.
La formación de los militares, su organización, despliegue y técnica tiene un enfoque distinto; no para enfrentar a la delincuencia, sino a un enemigo externo a quien hay que aniquilar. Los ejércitos centroamericanos han comenzado a introducir medios, capacitación y normativas que les permitan cumplir ese rol. Es una tendencia inapropiada que cuenta con el impulso del Comando Sur de Estados Unidos, es parte del debate académico, político y social. La propuesta en la discusión de implementar para Centroamérica y México el PLAN MÉRIDA (1,600 millones de dólares por tres años) y que algunos han definido como una “versión actualizada del Plan Colombia”, un “intento por sellar la frontera con México”, que “vulnera la soberanía de los países”, involucra a los ejércitos para frenar el narcotráfico, la delincuencia común y organizada; otros justifican porque el “crimen organizado se ha globalizado”. No faltan los temores y la desconfianza geopolítica sobre los condicionamientos y usos que puede tener este despliegue de recursos, fuerzas y medios.
