MUNICIPIOS Y SEGURIDAD CIUDADANA
El 25 de septiembre inició la campaña política electoral que concluirá con las elecciones y la sustitución de las autoridades edilicias a partir de enero de 2009 por un periodo de cuatro años. Esta es la cuarta vez consecutiva en la historia de Nicaragua en que alcaldes y concejales serán relevados mediante el voto popular. Los candidatos(as) presentan una imagen, una oferta política y compromisos en diversos ámbitos según la interpretación de las necesidades e intereses locales de cada grupo partidario, veremos quienes persuaden mejor a sus electores. Un asunto ineludible, principalmente en algunos municipios es el problema creciente de la inseguridad ciudadana ¿Cómo lo interpretan? ¿cómo lo abordarán? ¿qué tanto convencen?
La seguridad ciudadana es un proceso que requiere cada vez mayor atención desde el nivel local y a la vez la articulación nacional mediante políticas públicas. Descentralizar y desconcentrar los servicios policiales es una demanda social, condición para atender con eficacia sus particularidades, identificar prioridades y promover la participación. La actual Ley 40 de Municipios (1988) y sus reformas de 1997, establece en el artículo 7 las competencias del Gobierno Municipal entre las que no se señala expresamente “la atención a la seguridad ciudadana y la policía”. Esta quizás es, una de las cuestiones que habrá que considerar en posibles cambios futuros ¿Cuál debe ser la competencia de la autoridad municipal en la seguridad de las personas y en su interrelación con la policía? Se le atribuyen al municipio tareas como: impulsar planes de desarrollo urbano, promover cultura, deporte y recreación, prestar servicios básicos, ornato público, mantenimiento de calles, aceras, andenes, parques y plazas, promover el respeto a los derechos humanos, desarrollar el transporte y las vías de comunicación, etc. Muchas competencias se suscriben a la “prevención mecánica: aquella que incide en el diseño de las ciudades”. Diversas teorías confirman que la inseguridad y la violencia criminal son mayores cuando el desarrollo urbanístico no es apropiado. Mayor hacinamiento, carencia de espacios públicos, insuficientes centros deportivos y recreativos, ciudades y mercados sucios y desordenados, calles, andenes, parques y plazas a oscuras o en estado de “abandono”, contribuyen a incrementar la violencia criminal; provocan, entre los habitantes, una sensación de desamparo, irresponsabilidad y un estado anímico y físico favorable al conflicto y la delincuencia.
El Reglamento de la Ley 228 de la Policía Nacional (arto. 167-169), establece que “la Policía en común acuerdo con las alcaldías podrá destinar un grupo de policías anualmente para labores meramente municipales con recursos del municipio”. Esta “vigilancia municipal”, deja a los municipios en un rol extremadamente limitado, además, dado el escaso presupuesto que en general disponen, a la fecha, no mas de quince municipios han creado la policía municipal, aunque no se ha desarrollado en las perspectivas previstas en la ley, por carencias presupuestarias y distintos enfoques sobre su rol. Es conveniente replantearse cómo debería ser esta expresión de vigilancia municipal, qué tareas podrán asumir y cuáles deben seguir siendo del engranaje central.
A partir del marco legal vigente, los problemas de la seguridad ciudadana en los municipios NO SON RESPONSABILIDAD DIRECTA del Gobierno Municipal, sin embargo, en la práctica constituyen un problema por el cual la comunidad demanda acciones y debe ser objeto de preocupación y coordinación con otras entidades estatales, particularmente la Policía.
Veamos un poco el panorama actual de la inseguridad ciudadana en los municipios de Nicaragua a partir del Índice Democrático Delictivo IDD. De los 153 municipios del país, los índices de delitos denunciados mas altos en el 2007 por cada 10 mil habitantes, son los siguientes: Jinotepe (571), Puerto Cabezas (544), Rivas (491), Bluefields (457), Matagalpa (445) y Managua (442). El IDD nacional, fue de 245, 15.6% más que el año anterior (la Policía conoció 245 denuncias de presuntos delitos por cada 10 mil habitantes). Los seis municipios enumerados presentan cada uno un índice casi doble del registrado nacionalmente. Es posible derivar que los mayores niveles de inseguridad pueden encontrarse en estos municipios con diversas características geográficas y demográficas: las dos cabeceras de las Regiones Autónomas (Puerto Cabezas y Bluefields), dos municipios de la región del Pacífico-Sur (Jinotepe y Rivas), una cabecera central de país (Matagalpa) y la Capital.
El IDD nacional del 2006 fue de 218 x 10 mil habitantes. Los municipios con las tasas más altas fueron: Bluefields (503), Rivas (491), Jinotepe (487), Matagalpa (418), Managua (403). Para ese año, Puerto Cabezas se encontraba en la 10ma posición (336 x 10 mil h.), pero en el año 2007 registró un sorprendente incremento del +62% pasando a la preocupante 2da posición. El análisis de las posibles causas generales y específicas es un asunto complejo y pendiente de discusión.
La seguridad ciudadana, la violencia criminal y la percepción de inseguridad no son homogéneas en el territorio nacional. Hay regiones, departamentos, municipios y barrios que reportan tasas altas y delitos más peligrosos. Mientras en algunos departamentos de Nicaragua como Masaya y Granada la tasa de homicidios es una de las menores. En Jinotega, RAAS, RAAN y Río San Juan, tenemos, en el extremo, las mayores.
¿Qué deben hacer las autoridades municipales ante estos problemas? ¿Cómo deben vincularse la seguridad ciudadana con la competencia municipal del ordenamiento urbano, la recuperación de los espacios públicos, la creación de centros de diversión sana, la promoción de una convivencia pacífica y respetuosa de los derechos humanos que se convierten en factores preventivos de la violencia delictiva?
La seguridad ciudadana es un derecho humano, condición necesaria para el desarrollo integral de las personas, la violencia criminal afecta derechos fundamentales, prevenirlos, evitar o reducir sus riesgos, es una responsabilidad ineludible desde el nivel local, propuestas concretas que reviertan las tendencias de deterioro no deben venir solamente de las políticas centrales sino necesariamente de las discusiones, formulaciones y capacidades locales. Candidatos y candidatas ¿Qué ofrecen ustedes a sus vecinos de la comuna, a quienes les piden su voto libre y secreto, sobre el sensible asunto de la inseguridad y la violencia delictiva?
