En septiembre fue presentado el Estado de la Región en desarrollo humano sostenible 2008, como un “aporte de la investigación académica al conocimiento y deliberación sobre la situación actual y los desafíos del desarrollo humano sostenible en Centroamérica”, es, “una mirada selectiva” sobre los temas relevantes que nos afectan en una “época de profundos y acelerados cambios” en donde se presenta un “panorama complejo”, se observan “rezagos y debilidades”, “avances y fortalezas”. Este es el tercer informe, los otros dos fueron en 1999 y 2003; el próximo será en 2010. Es preparado por el Consejo Nacional de Rectores (CONARES-Costa Rica) con la participación de más de cuatrocientas personas de los distintos países y ocupaciones en Centroamérica, académicos y especialistas, quienes contribuyeron a la investigación, consulta y discusión. El capítulo 12 del voluminoso informe se titula: “El dilema estratégico de la seguridad ciudadana y el Estado democrático de derecho”, nos referiremos principalmente a sus enfoques desde nuestra perspectiva.

 

En general podemos afirmar que la Centroamérica de hoy es totalmente distinta a la de hace veinte años. Se ha pasado de la guerra a la paz, a sistemas político democratizados, a economías abiertas, de la seguridad nacional a la seguridad democrática, ha sido modificado el sistema de justicia… Sin embargo, con más población (41.3 millones), es más urbana, presenta un limitado desempeño económico-social, profundos rezagos históricos, que, a pesar de los avances, continúan sin superarse. El complejo contexto de la economía internacional es una amenaza creciente a las fragilidades centroamericanas.  Su posición geopolítica de seguridad, como istmo, vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional, vulnera la institucionalidad e incrementa la violencia. Aunque todos los países han mejorado su Índice de Desarrollo Humano según Naciones Unidas, los avances son insuficientes, a excepción de Costa Rica y Panamá que presentan un alto desarrollo humano, en el resto, la mayoría de los indicadores sociales son críticos, persiste la desigualdad y la exclusión.

 

Uno de los problemas de la región para valorar la magnitud de la violencia criminal es la carencia de datos sistemáticos, confiables y unificados. Muy pocas entidades generan periódicamente anuarios estadísticos (ejemplo Policía de Nicaragua) aunque sus registros no son conciliados interinstitucionalmente.

 

En Guatemala, Honduras y El Salvador, la inseguridad ciudadana, es percibida por sus habitantes como la principal amenaza al país. En Nicaragua, se centra la preocupación sobre aspectos socioeconómicos (desempleo, pobreza, inflación). La opinión de amplios sectores de la población “toleran”, ante la creciente gravedad de la problemática de inseguridad provocada por el crimen, “soluciones extralegales”, “limpieza social” o “justicia por su propia mano”. Se proponen medidas de “mano dura” (Costa Rica y Nicaragua han rechazado esta política) o se percibe “impotencia” o “incapacidad” institucional y social. Tenemos tres realidades preocupantes en los últimos cinco años: a) Más hechos delictivos.

 

1. b) Incremento de la percepción de inseguridad.

 

1. c) Aumento de la desconfianza en las instituciones.

 

En todos los países (excepto C. Rica) la tasa de homicidios ha cruzado el umbral endémico de 10 x 100 mil habitantes. En Guatemala, El Salvador y Honduras, la tasa es 4 o 5 veces más alta, en Nicaragua (2007) fue de 13 x 100 mil h. y en Panamá de 11. La región en promedio tuvo 29 homicidios x 100 mil h. Las maras/pandillas en el triángulo del norte (que no han logrado asentarse ni ser un fenómeno social extendido en Nicaragua, C. Rica y Panamá) procuran el control de territorios urbanos, siembran la zozobra, generan delitos de extorsión contra la población y tienen vínculos con otras agrupaciones en E. Unidos y México. Preocupa el incremento del consumo de drogas y alcohol principalmente entre la población joven. Los medios de comunicación, principalmente la televisión, “inciden en la construcción y desarrollo del sentimiento de inseguridad, al transmitir la noticia “sesgada hacia temas de inseguridad” desde un enfoque de “crónica roja”.

 

RESUMEN

País	Homicidio x 100 mil h.	Homicidios c/ armas de fuego	Robos x 100 mil h.	Violaciones x 100 mil h.	Crimen inseguridad como problema (percepción)	Confianza en Policía
Guatemala	45	82%	110	2	49%	42%
El Salvador	56	78%	129	17	44%	52%
Honduras	42	76%	35	4	35%	50%
Nicaragua	13	56%	447	28	4%	52%
Costa Rica	8	58%	93	30	49%	42%
Panamá	11	63%	38	22	19%	48%
Promedio	29	69%	142	17	33%	43%

Fuente: procesada a partir de la información ESTADO DE LA REGIÓN 2008.

 

Nicaragua, en el contexto regional, según el Informe del Estado de la Región 2008, presenta la tercera tasa de homicidio más baja de Centroamérica, significativamente inferior al Norte a pesar que sus indicadores socioeconómicos, de desarrollo humano y antecedentes posconflicto tienen alguna similitud; sus resultados sobre la seguridad se asemejan a los de Costa Rica y Panamá. Sin embargo, quizás vinculado a que tiene un alto nivel de pobreza y menor cifra oscura, la tasa de robo x cada 100 mil habitantes es la más alta (447); tres veces y medio por encima de la de El Salvador, cuatro veces mayor que la de Guatemala. Tiene, junto a Costa Rica, la tasa de homicidio provocada con armas de fuego más baja. La tasa de violaciones es junto a la de Costa Rica la más alta, hay que reconocer que en el ámbito de la VIF-sexual ambos países cuentan con mecanismos institucionales mejor dispuestos. El crimen e inseguridad, como problema, los nicaragüenses lo ubican en un segundo plano.  Diversas encuestas atribuyen a la inseguridad una valoración no mayor al 8%, son otras las prioridades y preocupaciones que en la percepción social tienen por el momento mayor jerarquía. La confianza en la Policía es una de las más altas junto a la de El Salvador y Honduras.

 

Las condiciones actuales obligan a considerar la necesidad de fortalecer la política criminal y de prevención del delito, el sistema de justicia penal, la participación ciudadana desde el nivel local y el respeto a los derechos y libertades fundamentales.  Mejorar el control sobre el uso de las armas de fuego, regular el consumo de licor, reducir el consumo de drogas, mejorar la capacidad de la inteligencia policial y centrar la labor policial hacia la prevención y la investigación criminal, reducir la impunidad, promover políticas de protección a la víctima. Desde la visión global y causal del problema es urgente atender los desequilibrios socioeconómicos, la desigualdad y el fortalecimiento institucional.