EL CONOCIMIENTO PARA UN ORDEN PÚBLICO EN FUNCIÓN DEL BIEN COMÚN

Tradicionalmente el concepto de “orden” estaba suscrito a dos criterios básicos:

1. a) La ley o norma.
2. b) La institución capaz de hacerla cumplir.

Ese enfoque tradicional, ahora en la llamada era de la información, considera otro elemento fundamental e inseparable: el conocimiento. No es suficiente, además de una institución ejecutora, la existencia de una ley que suele estar a la saga de los acontecimientos y de la evolución del pensamiento, las necesidades y la práctica, si no que se requiere información, conocimiento por parte de quien la aplica y de quien está sujeto a que se la apliquen. Implica debatir, dialogar, argumentar y explicar las razones por las que se aplica o no una norma, incluso en la vida cotidiana y familiar, la autoridad del padre o la madre no se puede basar únicamente en su “voluntad” sino que se ve obligada a aclarar y argumentar al hijo(a) la disposición que ha considerado. Lo mismo pasa con el Estado y sus instituciones en su relación con la sociedad y sus individuos.

El orden público tradicional se fundamentaba en el funcionamiento y fortaleza de las instituciones estatales, el individuo, la persona, el ciudadano, tenía poca o ninguna importancia. Incluso después de las corrientes del pensamiento generadas por las revoluciones de fines del siglo XVIII con sus principios de libertad, igualdad y fraternidad, continuó subsistiendo un enfoque de orden que privilegiaba a las instituciones y olvidaba realmente al ciudadano. Es hasta fines del siglo XX cuando se comienza a considerar de manera efectiva la importancia que tienen las personas. El asunto no es un “orden de cosas” sino un “orden entre individuos, entre seres humanos”. Sin embargo, contradictoriamente no podemos obviar, que los dos sistemas nerviosos principales que mueven el comportamiento contemporáneo son “los mercados financieros” y “las redes de información”; las crisis económicas globales se montan sobre el “capitalismo virtual” y el pensamiento, las costumbres, los estados de ánimo, el conocimiento y los gustos, son influenciados de manera determinante por quienes manejan los canales y contenidos de la comunicación que tiende, como todos sabemos al infinito.

Los tiempos actuales de postmodernidad, con sus vertiginosos cambios, el privilegio de la imagen y la comunicación, la ruptura de paradigmas, las crisis de identidad, la globalización y la sustitución de los criterios para interpretar la realidad, imponen nuevas condiciones. El orden es un concepto mucho más relativo que antes. El derecho positivo, la ley escrita y la capacidad ejecutiva de aplicarla han quedado desfasados como únicos y principales elementos del “orden”.

La consideración del orden sobre la base de los dos criterios tradicionales, se volverá una práctica coercitiva, autoritaria y excluyente. Solamente cuando considere efectivamente el conocimiento-información podrá ser social y políticamente eficaz. Ello debe llevar al diálogo, facilitar la tolerancia, la comprensión de las diferencias, el entendimiento de la diversidad social y a soluciones creativas en la heterogeneidad sociocultural.  Las realidades nacionales y globales requieren un orden distinto, entre las naciones, entre los grupos dentro de las naciones, entre los sectores sociales, entre los individuos y de estos en su relación con el Estado.

El conocimiento se opone al miedo, privilegia la razón, la reflexión y la actitud consciente. ¿Es posible tener libertad de conciencia cuando las redes de información privilegian enfoques y contenidos que imponen prioridades ajenas al interés común?

ORDEN es parte del bien común que es el fin único y principal del Estado de conformidad con la teoría enunciada por las Ciencias Políticas, es parte inseparable de la JUSTICIA para buscar un ORDEN JUSTO. El ORDEN limita la LIBERTAD; restringe la libertad de los particulares en función del interés general, está determinado por lo jurídico y lo moral; el orden es por lo tanto lo que la norma define y aquello en lo que la costumbre social cree, acepta o practica. Dada la imprecisión de lo “moral”, el orden se suscribe principalmente al “orden jurídico” que puede ser público y privado. El orden público, aunque tiene como base definitoria la ley y como condición indispensable para su aplicación la vigencia de instituciones capaces para hacerla cumplir, en los imprecisos y fugaces tiempos actuales, requiere del “conocimiento” para que tenga validez en la convivencia entre las personas, de las personas con respecto al Estado y entre los estados. Hay un orden público nacional y un orden público internacional. Ambos ámbitos, aunque tienen naturaleza de aplicación distinta, están fundamentados en los mismos elementos básicos.

El orden público se altera por la delincuencia común y organizada que atenta contra las personas y sus bienes, descompone la sociedad y sus instituciones, afecta la tranquilidad, la convivencia y el desarrollo integral. La corrupción altera el orden público. Puede ser también trastocado cuando las instituciones se desnaturalizan y pierden su razón de ser, cuando las leyes se formulan y aplican en función del interés particular y no del bienestar común, cuando las reglas aceptadas de la convivencia colectiva son administradas a la conveniencia de los grupos de poder, cuando se impone la voluntad de la minoría por encima del de la mayoría a través de mecanismos coercitivos, la dependencia económica, la desinformación, el temor y otros factores ajenos a la libre y legítima voluntad de las personas. Actualmente, al menos en la definición conceptual, no puede existir “orden” efectivo y durable sin acceso a la comunicación y el conocimiento, sin promoción de la equidad, sin los mecanismos de diálogo y tolerancia.

El orden público está limitado por el incipiente desarrollo humano, por el bajo nivel educativo de la población y las altas tasas de analfabetismo al restringir el “conocimiento”.  El acceso a la educación y la información constituyen una de las desigualdades prevalecientes en América Latina junto a la desigualdad en el ingreso, la propiedad y el crédito. Mientras en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua la calidad del orden público está restringido por el insuficiente desarrollo humano, adicionalmente encontramos altas tasas de analfabetismo en Guatemala, Honduras y El Salvador, aspecto que, en Nicaragua, afortunadamente está siendo superado. En Honduras la clase político-militar alteró el “orden público” con el Golpe de Estado; en Guatemala la corrupción, la presencia del crimen organizado junto a la fragilidad estatal son los factores que atentan contra dicho orden.